Intransigencia y legitimidad

La violencia en las últimas semanas, con cerca de seis meses de protestas sociales, ha adquirido una mayor intensidad y le acompaña una sensación de que las partes se vuelven intransigentes, al menos así es como se presenta en la prensa.

Una señal de esto, para algunos fue la irrupción de miembros del profesorado, alumnos y apoderados en el ex Congreso Nacional donde sesionaba una comisión que se dedicaba a revisar el presupuesto para educación del próximo año.

Está acción fue duramente condenada y se la consideró como una afrenta a la democracia, pues se supone que dicha institución no se puede interrumpir toda vez que es el lugar donde reina el debate, donde se discuten los intereses del país de forma civilizada. En este sentido, se entiende que los ciudadanos si bien son "los dueños" de las instituciones, precisamente las crean para no resolver las cosas por la fuerza, sino que por los "conductos regulares" y deben esperar a que las "instituciones funcionen". La pregunta clave es ¿cuándo las instituciones funcionan en una democracia? ¿cuándo dejan de funcionar? ¿cuándo se agotan los conductos regulares?

Me parece que dichas preguntas son especialmente relevantes en el Chile actual. Solo considerando mis años de estudio en al universidad durante casi toda la década anterior, recuerdo decenas de ocasiones en que estudiantes, rectores, el Senado Universitario y académicos han presentado los problemas de la educación y la necesidad de implementar los puntos que hoy está defendiendo el movimiento estudiantil. Fueron muchas las cartas a la Moneda, al Ministerio de Educación, a congresistas, a El Mercurio, los seminarios, etc. en que estas cuestiones se hicieron públicas y procuraron cambiar la legislación.

Pero la clase política prácticamente no ha reaccionado ante esto.

Será porque no se ha respetado el conducto regular, pero ¿cuál es el conducto regular? en Chile casi no existen procedimientos por medio de los cuales la ciudadanía pueda influir en la formación de las decisiones que repercuten en la vida de todos.

Después de años de reflexión y búsqueda de establecer diálogos (un "nuevo trato") con la clase política en el tema educativo y ante la nula respuesta, no es de extrañar que la gente se tome las calles, concretice la idea de que el espacio público es precisamente, una cosa de todos. Esto tuvo una primera manifestación con el surgimiento de los pingüinos, lo sucedido ahora es algo así como una segunda ola, con mayor fuerza, que se pudo evitar si es que la clase política fuera reactiva a lo que sucede en la ciudadanía.

Entonces, ¿Qué se debe hacer cuando no hay reacción por parte de los gobernantes?

Esto se relaciona con el planteamiento del gobierno de que no permitirá que gobiernen (esto es, que determinen las decisiones políticas) ciertos grupos que se dedican a paralizar la ciudad.

Si bien es evidente que no cualquier manifestación de un grupo debe implicar el cambio de las políticas públicas, me parece que hay razones más que suficientes para, por una parte, irrumpir en sesiones del Congreso y, por otra, gobernar con los manifestantes.

Una primera razón es que se trata de grupos de personas que han estado excluidos de la toma de decisiones que afectan sus vidas a pesar de sus intentos por participar. Esta es tal vez la mayor afrenta que se le puede hacer a la democracia (y se hace indispensable un cambio institucional en términos de democratización de las instituciones chilenas).

Una segunda razón está en que es claro actualmente que el movimiento estudiantil representa el pensar y sentir de una gran mayoría de quienes viven en el país. Así se ha mostrado en la gran convocatoria de las marchas, las encuestas, etc. La cosa es que a pesar de ser una gran mayoría y de llevar varios meses movilizándose, aún no hay reacción de la clase política. Cuando se propuso hacer una mesa de dialogo (momento en que la tensión bajó), previamente se presentaron proyectos de ley sobre las materias que se supone se iban a discutir y,además, se propuso una ley que busca criminalizar a la protesta. Cuál es el sentido de sentarse a conversar cuando esa conversación no tendrá ningún efecto y si se desea manifestarse en contra de ello, se perderá la libertad.

Es una cuestión de qué significa gobernar en democracia.

¿Debe un gobierno democrático gobernar con los ciudadanos o una vez elegido un gobernante ya no debe considerar lo que pasa en la comunidad? Si la respuesta es que debe ser receptivo, ¿A quién hay que escuchar? ¿a la mayoría numérica? (en contra de legislar solo con grupos de interés) o ¿a una minoría excluída? (para no caer en la.  tiranía de la mayoría). En ambos casos la respuesta positiva implica escuchar al movimiento social actual.

Como esto no ocurre, una señal de indignación clara es irrumpir ante el Congreso, el cual, al parecer, no está cumpliendo sus funciones. Entonces ¿El exigir que la clase política cumpla su función en democracia (reconocer que los ciudadanos son sus dueños) se puede transigir? ¿los cuatro puntos que representan una propuesta para discutir sobre el país y atacar los grandes problemas de injusticia que tiene el país, se pueden transigir?

Educación y gratuidad

Respecto de la polémica que se ha dado de la gratuidad de la educación parece sorprendente que se piense que eso solo beneficiaría a la clase más rica. Si bien es cierto que sus hijos tendrían la posibilidad de estudiar gratis la formación universitaria y también la educación primaria y secundaria tal cual todos los demás, eso no significa restarle un beneficio a las clases con menores ingresos. Resulta interesante contrastar esto con los países europeos, pensando por ejemplo en España donde es posible matricular a un niño en colegios públicos, concertados (como los subvencionados chilenos, se paga un poco y razonable) y privados. En España no sale tan caro pagar una carrera en la medida que el estado subvenciona los aranceles y si bien con la crisis esto se ha visto diferenciado en algunas comunidades autónomas que solo consideran la subvención estatal cuando se es un nacional. Respecto de la educación y otros temas sociales se está poniendo complicado por recortes importantes, pero aun las cosas no van tan mal. Hay varios ejemplos aún más cercanos, México, Argentina o Brasil entre otros. Pero un contraste más fuerte que muchos dicen que es imposible para países como el nuestro que paradójicamente se pone de ejemplo para destacar que esta bien disminuir horas de asignaturas humanistas, se da al pensar en los países nórdicos. Hoy mismo me topaba con un link en facebook que explicaba el sistema educacional de Finlandia haciendo hincapié en los métodos educativos que estimulan la participación cívica y la reflexión antes que la memoria, además, y esto es lo más importante importante, que se fundamenta en la confianza*. Pienso también en el caso de Dinamarca, en donde la educación primaria y secundaria es la misma para todos de modo que el 90% de los colegios son públicos y solo un 10% privados, este sistema educativo no separa a los alumnos ni por condición económica social, ni por capacidades intelectuales (como por ejemplo en Suiza). La idea de los daneses es que los niños y jóvenes se eduquen con roce social, es decir aprendiendo a tratar a todos los agentes de una sociedad, aquellos que serán empresarios, políticos, humanistas científicos, barrenderos, camareros, etc. (esto, en España, se da menos que en los países nórdicos pero mucho más que en Chile). Considero que este roce es el que puede educar cívicamente y no una catequesis de valores a los que seguir y que evidentemente pueden cambiar. Para que las cosas funcionen de esta manera los daneses, los nórdicos en general pagan impuestos altos, pero saben que eso tiene un beneficio y ese beneficio es el estado de bienestar que poseen, es: tener agua propiedad de todos, no manipulada por empresas transnacionales, tener educación de la misma calidad y gratuita para todos, y, por supuesto, un sistema de salud. Como todo país tienen sus problemas y hay asuntos que les parecen injustos pero jamás transarían los derechos sociales que poseen, que les permiten vivir en un país seguro y educado cívicamente. Pensar que Chile no está preparado para algo así es impedir el crecimiento de un país que alberga personas autónomas que saben guiarse a sí mismas. Así, este caso de los países nórdicos tiene que ver fundamentalmente con el mal entendido que se está haciendo tan masivo por estos días que se refiere a las reformas tributarias. ¿Por qué parece molestar pagar impuestos más altos si se asegura salud, educación y que los bienes naturales están protegidos? Además y, esto me parece central ¿estaría mal que, en el futuro esperemos cercano, chicos y chicas se educaran aprendiendo a tratar con otros distintos? Hasta hace algunos años los llamados colegios emblemáticos poseían esa característica, si bien no asistían muchas personas provenientes de familias ricas, si se daba un roce social diverso y esa es una enseñanza que da la mejor lección de civilidad.

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* Cuando decimos confianza y educación cívica más abajo la referencia es a la relación con los otros

El pastor evangélico, el laicismo, y los no creyentes

Una inusualmente desafortunada columna dominical trata de hacer dos cosas condenadas al fracaso: defender lo indefendible, y prevenir contra riesgos inexistentes.

Lo indefendible son las declaraciones del líder de una agrupación de iglesias evangélicas en el Te Deum de la semana pasada. Como es sabido, en ellas el pastor criticó proyectos de ley como el de acuerdo de vida en común, crítica que los conservadores entienden como una “defensa de la familia” (aunque nunca expliquen cuál es el peligro del que la defienden). Lo cierto, sin embargo, es que las declaraciones hicieron polémica por su carácter homofóbico antes que por su supuesta “defensa de la familia” (después de todo, ¿quién no está a favor de la familia?). El pastor se refirió a los homosexuales –con la habitual combinación de condescendencia y desprecio con que muchos conservadores se expresan sobre el tema– como personas enfermas, que, aunque merecen cariño, deben ser acogidas y corregidas. Trató a las orientaciones sexuales minoritarias –de manera confusa, dando la impresión de no entender bien de qué estaba hablando– como análogas a la pedofilia, el incesto y la zoofilia. Naturalmente, todo esto causo polémica y provocó justificado repudio. El problema con las declaraciones fue precisamente su contenido, por lo que no se entiende que la columna en cuestión pretenda hacer esto al lado, como si el problema con las declaraciones hubiera sido que un representante del mundo religioso opinara sobre asuntos de relevancia política. En este país nadie debiera espantarse por eso.

Uno de los riesgos inexistentes contra el que trata de advertir la columna es el supuesto avance de un “laicismo fundamentalista”. Afirma:

Cuando decimos que el Estado es laico (caso de Chile o EE.UU.), estamos sosteniendo que no tiene una religión oficial, a diferencia de los países confesionales (Inglaterra, Arabia Saudita), que hacen suya una religión. Pero que el Estado no se pronuncie en materias religiosas no quiere decir que proceda como si la religión no existiera: en Uruguay han tenido que llamar a la Semana Santa "Semana del Turismo", para que ese feriado resulte indoloro a los laicistas charrúas.

El buen laicismo, según esta forma de entender el asunto, sería aquel que “respeta y fomenta la práctica de la religión [...] porque constituye una legítima expresión de la identidad de sus ciudadanos y contribuye al bien social”. El mal laicisimo sería aquel “pretende que uno puede manifestar cualquier convicción en el espacio público, salvo que tenga un carácter religioso”. Sería el laicismo que “ha llegado a extremos ridículos, como el de British Airways, que despidió a Nadia Eweida, una azafata que se negó a sacarse una pequeña cruz que llevaba colgada al cuello”. Contra este laicismo habría que protegerse. Pero, en serio, ¿alguien cree que este laicismo es una amenaza? El caso de la azafata, para empezar, es más complejo de lo da a entender la columna, y nada indica que hubiera sido motivado por un excesivo celo secularista. Y en un país donde el Presidente no pierde ocasión para agradecer/invocar/encomendar a Dios, y donde sectores evángelicos han aprovechado esto para ganar relevancia política (apoyando al gobierno actual, criticando al anterior), el laicismo no parece ser una amenaza en ciernes.

Por último, el riesgo más inverosímil contra el que advierte la columna es el del mal que haría a la sociedad la pérdida de la religiosidad de sus miembros: “aunque existen muchos ateos honorables, los creyentes convencidos respetan la ley más que el promedio de los ciudadanos”. El argumento retórico para apoyar esta afirmación es el siguiente: “Cualquiera de nosotros prefiere perder su billetera en un templo y no en el Metro”. La mejor respuesta, también retórica, a la insinuación de que los creyentes son mejores personas que los no creyentes viene del más elocuente de los ateos contemporáneos: Christopher Hitchens. En su God is not great, responde a la pregunta retórica que se le hizo alguna vez sobre si en el caso de que un grupo de desconocidos que se le acercase en una ciudad desconocida se sentiría más o menos seguro sabiendo que se trata de un grupo que viene saliendo de un servicio religioso. Su respuesta:

Solo para quedarme en la letra 'B', de hecho he tenido esa experiencia en Belfast, Beirut, Bombai, Belgrado, Belén y Bagdad. En cada caso […] me sentiría inmediatamente amenazado si pensara que el grupo de hombres que se me acercaba al anochecer venían de una ceremonia religiosa.

Y además de la notable respuesta retórica, está también la evidencia empírica que muestra que los no creyentes son “menos nacionalistas, menos prejuiciosos, menos anti-semitas, menos racistas, menos dogmáticos, menos etnocéntricos, menos cerrados de mente y menos autoritarios”, además de que apoya la igualdad de géneros y los derechos de las mujeres, aceptan la homosexualidad y apoyan los derechos de los homosexuales (Zuckerman 2009). Para terminar con otra pregunta retórica, ¿si usted perteneciera a una minoría (sexual, por ejemplo), preferiría nacer en una familia o sociedad religiosa o no creyente?

Debate sobre el aborto: Ambos bandos están equivocados

Parte I: Los conservadores

Las posiciones que se encuentran en los extremos del debate son sencillas y fáciles de comprender. Desde el lado liberal se argumenta que en ciertos casos no es legítimo obligar a la mujer a soportar la carga del embarazo. La pregunta sobre cuáles sean esos casos admite múltiples respuestas; desde solo en casos de riesgo vital para la madre hasta cuando le cause sufrimiento a la mujer. La idea central a las distintas posiciones liberales es que existe un ámbito en el que es legítimo a la mujer ejercer su autonomía respecto de la continuación o interrupción del embarazo.

Desde el lado conservador el argumento es todavía más sencillo: el embrión es una persona. Punto.

Así de simple. La fuerza dialéctica de la posición conservadora es enorme, y los liberales con frecuencia pasan esto por alto. Frente a la tesis según la cual el embrión es una persona los argumentos respecto de la autonomía de la mujer palidecen. Al apelar a la idea de la personalidad del embrión los conservadores empuñan una Magnum .44 en la que hasta ese momento era una pelea de estoques. Si el embrión es persona, desde luego que la autonomía de la mujer importa poco. Apelar a ella para justificar el aborto es tan ineficaz como hacerlo para justificar el homicidio. En el mejor de los casos –que en realidad son los peores–, cuando continuar el embarazo resultará en la muerte de la madre, la apelación a la autonomía de la mujer logra un empate: la vida del feto versus la vida de la madre. En el mejor de los casos nos encontramos frente a una tragedia, donde ninguna solución es correcta. E incluso en este caso la posición liberal es débil, porque hace al aborto un análogo de la defensa propia, pero eso supone (implausiblemente) considerar al feto como un agresor, y al aborto como un medio proporcional para hacer frente a la supuesta agresión.

La principal debilidad de la posición conservadora es que la idea según la cual el embrión es una persona es imposible de ser tomada en serio. De hecho ni los mismos conservadores la toman en serio. Afortunadamente.

La idea según la cual el embrión es persona es la idea según la cual el estatus moral de esto:

es el mismo estatus moral de esto:

Desde luego los conservadores disponen de sofisticados argumentos para sostener eso, pero estos requieren un compromiso con una metafísica aristótelica que nadie fuera de los círculos filosóficos conservadores se toma en serio (a lo más se le adopta arguendo). Pero eso no obsta al hecho de que la conclusión de esos argumentos no se la puedan tomar en serio, porque lo que se sigue de sus argumentos, y que de vez en cuando sostienen, es que en el mundo actual mueren –más bien son muertos– millones de personas, completamente indefensas e inocentes, tantas que el Holocausto, Stalin, Pol Pot, Ruanda, Darfur, etcétera, ser quedarían cortos. Solo en Chile, por ejemplo, más de un millón de mujeres utilizan la T de cobre como método de control de la natalidad, y se sabe que uno de los mecanismos de acción de esta es impedir la implantación del óvulo fecundado. Todas esas mujeres, entonces, serían homicidas. Tal vez a ellas se les podría excusar por ignorancia, pero por cierto no a los médicos. Estos serían los Eichmann de nuestro tiempo. La respuesta adecuada a tal estado del mundo no debería ser nada menos que la resistencia violenta. De esta forma, quienes han asesinado a médicos que realizan abortos sería héroes.

Pero nada de eso es el caso. La lucha de los conservadores contra el horror del mundo contemporáneo se hace por medio de cartas el director, discursos, y eventos musicales bien financiados y cuidadosamente producidos.

***

(Próximamente: Parte II: Los liberales)

de Alberto Mont ("www.dosisdiarias.com")

protección de la ley

Unas ideas al correr del teclado:

Hoy en la mañana la Alameda parecía que estaba cubierta de neblina, pero eran gases lacrímogenos. Por su parte Plaza Italia parecía un lugar sitiado al cual nadie se podía acercar y en el que habían cientos de carabineros y decenas de carros lanza-aguas.

En lo personal anduve en metro y el gas lacrimogeno se sentía desde el metro Universidad de Chile.

Al respecto, dos cuestiones:

a- ¿Cuáles son las razones detrás de la energética negativa del gobierno en cuanto a las marchas y cuán plausibles son?

Si la idea es que funcione el comercio, es bastante predecible que la negación de una marcha de amplia convocatoria implica (e implicó) que se ampliara el rango de espacio que no se podía ejercer el comercio con normalidad.

Si la idea es que no haya desmanes, es evidente que la existencia de gran cantidad de carabineros y la negativa de manifestarse no hace más que exaltar los ánimos. Además el hecho de que carabineros tenga la orden de actuar con violencia sobre los manifestantes, significa más lesionados y detenidos.

Si la idea es permitir que funcione la ciudad normalmente es difícil pensar que es un buen medio para conseguirlo. Sin dudas hoy han habido más calles cortadas y por más tiempo que en cualquiera de las otras marchas.

b- ¿Cómo se puede calificar "jurídicamente" lo sucedido?

Algunos hechos son patentes: cientos de carabineros por las calles, prohibición de ejercer el Derecho a reunión en algunos lugares centrales de la ciudad; mucho gas lacrimógeno y uso de carros lanza-aguas; prohibición de ejercer el derecho a expresión en variados los lugares; carabineros tratando de entrar al Partido Comunista, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile; se acaban temprano las actividades de la ciudad (el metro avisó que adelantará oferta de trenes); se baja a personas de micros que van en dirección al centro; a otras no se las deja subir al metro...

Muchos se preguntan si se va apelar a la Ley de Seguridad del Estado, otros dicen que se trata de un "estado de sitio", por último, unos señalan que se trata simplemente de cumplir con la ley.

Pero ¿cuál es el límite que se tiene para proteger la ley? ¿cuán parecido a un estado de sitio es lo que ocurre? ¿qué pasa cuándo la ley que se protege es fuertemente impopular? ¿no se trata de rehacer e interpretar las leyes en democracia lo que está en juego?

Escuchando la radio habla el subsecretario y dice que no hay registros de civiles lesionados (PLOP!), además dice que no ha llegado personas a la convocatoria de juntarse en Plaza Italia. En estos momentos, desde mi departamento se escuchan los gritos de los manifestantes y se siente fuertemente el gas lacrimógeno).

Se aduce que los culpables son quienes convocan a la marcha, porque ayer el gobierno les negó la facultad de marchar. Pero ¿es suficiente que el gobernante de turno prohíba una marcha para que sea ilegítimo hacerla? Esta pregunta es relevante especialmente después de meses de movilización, donde diferentes actores sociales han participado apoyando las demandas.

Se dice que las manifestaciones democráticas tienen como límite el orden público, ¿pero qué pasa cuándo el orden es injusto y nadie está conforme con él? ¿es irrenunciable el orden cuando la comunidad se manifiesta? Por último ¿qué era menos gravoso, permitir que la marcha se realizará con normalidad o prohibirla y reprimir cualquier intento?

Marchas y críticas

Siento que hay muchas cosas que decir sobre lo ocurrido en Chile en el último mes sobre las formas en que la ciudadanía se manifiesta. Ahora aprovecharé lo escrito por Carolina acerca de la democracia de lo extraordinario para expresar algunas ideas.

Me parece que dicho punto de vista ayuda a aclarar cosas y a ver cómo muchas críticas que se presentan no sirven de mucho.

Una primera cuestión es la del tiempo, ¿Cómo explicar que han pasado varias semanas y el movimiento crezca en vez de agotarse (que es a lo que apela el gobierno)? Me parece que precisamente es porque apela a un significado lo cual permite una gran adhesión de diferentes personas (con diversos puntos de vista, intereses, soluciones, etc.), las cuales se encuentran en un espacio público conversando sobre cuestiones que importan a toda la comunidad y a varias generaciones.

Esta apelación a un significado también implica que algunos de los argumentos desarrollados por la prensa y el gobierno no afecten la legitimidad de las manifestaciones.

Una de las estrategias presentadas usualmente por el gobierno es mostrar a los manifestantes como personas violentas, intransigentes, sin disponibilidad al dialogo. En este sentido el rechazo del Consejo de Rectores ha sido tachado de esa forma, como muchas otras actuaciones. Me parece que en hay en la opinión pública cierta conciencia de la necesidad de reconocer un umbral mínimo en educación irrenunciable (que es ciertamente contrario al proyecto de los gobernantes de turno) acorde a lo que consideramos una vida digna de ser vívida (en el sentido en que usan esto Nussbaum y Sen) y se hace pensando en varias generaciones. Esto ha empoderado a los manifestantes y también ha ampliado las bases de la manifestación, siendo legítima cierta intransigencia, así como la petición de una reacción suficiente por parte de la autoridad.

Otra cuestión que ha sido críticada (lo mismo respecto a las marchas contra el proyecto Hidroaysén) es que no hay una uniformidad en lo alegado. La técnica televisiva es mostrar en varias escenas seguidas a personas alegando por diversas cosas. La cuestión es que no veo porque esto es negativo, la protesta se trata precisamente de que personas con ideas e intereses en parte diferentes, en parte comunes, salen a decir que lo que hay está mal. En este sentido es necesario que haya un mínimo común (la necesidad de que la educación sea pública, de que sea de calidad, que no siga reproduciendo y ampliando las escándalozas desigualdades presentes en la sociedad chilena, etc.), pero precisamente el espacio público está para mostrar nuestra pluralidad. Además no siempre está la posibilidad de participar en marchas enormes en donde se pueda manifestar lo que se cree y piensa.

En este sentido, estando presente en la marcha es muy llamativo ver que las diversas personas, mientras caminan, comparten con el de al lado su visión de lo que pasa.

Por último, y tal vez la más extravagante crítica, es señalar que el movimiento se vuelve "político". Uno podría preguntarse qué más político que cuestionar las desigualdades, proponer y criticar políticas públicas y preguntarse sobre criterios de distribución de cuestiones como la educación. Me parece que el movimiento siempre ha sido político, como pocas cosas "públicas" en Chile y eso es algo bueno.

Me parece que lo que más llama la atención es que el gobierno de un país democrático esté en contra y se preocupe de desligitimar a un amplio movimiento social que representa el sentir y pensar de gran parte de la comunidad nacional sobre un tema de interés común. ¿No será el deber de los gobernantes ser receptivos ante lo que sucede en vez de tratar de debilitarlo?

Acá se ve lo alejada que está la clase política chilena de la ciudadanía, pues en general se ha usado la cuestión para dejar mal al de al lado (sea derecho o izquierdo) y no para construir un país mejor, que cumpla sus promesas de asegurar una vida digna a sus habitantes.

P.S.

Escribí este post hace un mes sin publicarlo, me pareció que aún era pertinente hacerlo.

Cabe señalar que después de escribir esto, el gobierno presentó su G.A.N.E apelando a un "acuerdo nacional", pero en realidad es una propuesta unilateral destinada a mantener un sistema paupérrimo. Lo interesante es que este acuerdo se presentó sin necesidad de diálogo, sin considerar el tema de fondo alegado y si alguien está en contra se le acusa de "obstruccionista". Es un lugar común en el gobierno señalar que "no negocía bajo presión", pero en realidad, simplemente no negocia.

15-J democracia de lo extraordinario

Ya va más de un mes desde el 15 M y el movimiento continúa, se dicen distintas cosas, que pierde fuerza, que todo mundo habla de ellos como si se tuviera el dominio de la verdad de lo que son y que a los indignados les falta pensar... Por supuesto independientemente de lo que se dice, ha tenido variaciones como, por ejemplo, que la acampada de la puerta del sol se ha mudado, realizándose manifestaciones ante el congreso y también asambleas barriales. Acá en Valencia la acampada continúa solitaria y sin tanta vida como en un comienzo pero, la gente se ha comenzado a reunir también en los barrios. Además tuvimos una manifestación frente a las cortes Valencianas el día que asumió Camps que no terminó nada de bien para los manifestantes (no tan mal como en Barcelona, por cierto, pero si con represión). No obstante todo esto, la manifestación pacífica convocada para el pasado domingo 19 de junio contra el pacto del euro fue todo un éxito, volvió a ser masiva y con el compromiso de varias generaciones. Se produjo con éxito en varias ciudades de España, en algunas ciudades europeas y por supuesto lo fue en Grecia que es el principal afectado (actualmente venta de la deuda a Bancos privados, rebajas salariales del 15%, entre otros).

Como he comentado en este blog y en otro lugar, me parece realmente notable que el movimiento de los indignados españoles sea horizontal y que sea el movimiento de una ciudadanía que se siente vulnerable, totalmente expuesta y saqueada por el sistema financiero sin recibir protección de su Estado. Pese a que esto no puede quedar así tal como está, quisiera decir algo más sobre ello que hace un tiempo tengo en el tintero y que, no es una característica exclusiva de los indignados, pero si del tipo de movimiento ciudadano que presentan. Con ese precedente, la democracia que ellos encarnan es una democracia, como se ha llamado en otros lugares, de lo extraordinario. Este término por supuesto no es mío, lo he tomado de A. Kalyvas un profesor de filosofía política de la New School. En su libro, Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt and Hannah Arendt, Kalyvas intenta esbozar la posibilidad de pensar las nuevas manifestaciones de la democracia, una democracia de lo extraordinario que por supuesto indica a través de términos claves para los autores que subtitulan el libro. Haciendo oído a los nuevos modos de manifestarse (incluido internet). Brevemente quisiera indicar algo que puede servir para pensar lo que está pasando en España, pero también en otras partes, y que me interesa. Debo advertir que es tan solo una interpretación de lo que Kalyvas llama carisma de lo extraordinario, que tendría por origen una política de lo extraordinario para la cual se debe entender la definición de Estado acuñada por Weber, no simplemente como monopolio de la violencia legítima sino que, como monopolio de los significados de ejercer fuerza legitima. Con la horizontalidad a la que me he referido indicamos que hasta este momento no es posible identificar un líder carismático (porque no lo hay) que mueva a la ciudadanía a reclamar por estos derechos, no estamos hablando de un Mandela, ni de ningún súper héroe (súper político en verdad) o idealista que prometa un futuro mejor, ni siquiera de un icono de la revolución. Incluso no creo que estas personas tengan ganas, ni estén sensibles a creer sin más a un seductor político. En ese sentido el carisma reside en la idea misma de democracia, es como si quisieran seguir una quasi norma kantiana en el sentido que actúan espejeándose respecto de su propia individualidad, la que los lleva a algo común. Es como si lo que los mueve es el cumplimiento del primer deber jurídico que indicó Kant en su Metafísica de las costumbres: Sé un hombre honesto o no permitas que te traten como un medio. Así las cosas lo que han tomado como dirección de su actuar es el anhelo de hacer cumplir que cada quien sea tratado con dignidad y no como una mercancía, independientemente que en cada caso particular el problema tenga características especificas y singulares. Es el significado el que los representa y no una persona (representante) que se toma la atribución de significar lo que todos están tratando de vindicar. Lo extraordinario no es salirse del campo histórico y no es simplemente negarse a la representación, como también algunos dicen que debiese ser el objetivo del movimiento. Lo extraordinario es la posibilidad de encontrar una nueva forma de carisma que se da en la democracia, esto es, que represente lo irrepresentable no en una persona, sino que en la exigencia de defender un significado como en este caso es el de una humanidad digna. De este modo, para poner el ejemplo de los indignados, la fuerza carismática no viene desde alguien sino que desde un concepto que estaba obliterado, se creía que estaba siendo respetado, pero solo se veía una parte (al fin y al cabo por ejemplo la gente se sentía digna porque tenía la posibilidad de comprar gracias a un crédito o de una hipoteca para adquirir una casa pero luego se han percatado de que dicha posibilidad tiene una trampa, quedan presos).

Volviendo al caso de los indignados y considerando esta democracia de lo extraordinario que tiene a la vista un carisma de lo extraordinario, hay que destacar que es absolutamente una revolución ciudadana y eso es lo que importa, es decir, ser uno más singular en conjunto con otros. Esto no permite que aún la podamos coger en toda su magnitud, ni saber si triunfará o fracasará o servirá de precedente, en la medida que aún no se mete en el terreno de lo institucional, lo que es necesario. Respecto de esto último creo que escapa de la pura voluntad cívica, requiere de un compromiso de los políticos con las personas a las que supuestamente representan. Creo que los políticos no han respondido con compromiso a las demandas. He oído por la radio y tv diversas opiniones de los partidos políticos. El PP reconocía que habían demandas que debían ser oídas y consideradas pero abiertamente enunciaba que otras no eran plenamente compartidas. El PSOE por su parte respondía que el movimiento debía comprender que no se puede ejercer la democracia sin comprometerse con un partido político, a lo que luego un ministro señalaba que los indignados debían decantar hacia izquierda unida o el PSOE (todo esto mientras izquierda unida en Extremadura dejaba el camino libre el PP apoyándolo con dicho gesto y dando la espalda al PSOE). Zapatero ha manifestado que está trabajando en solucionar los problemas, especialmente el de cesantía. Hoy indicaba la propuesta alemana de recibir jóvenes españoles para trabajar y también estudiar, destacaba el tinte populista del PP al poner reparos a las medidas a largo plazo de gobierno. El PSOE, sin embargo al pedir que se tomara una bandera respondía del peor modo posible, sin la sensibilidad necesaria para oír la demanda del pueblo. Si el PP llega, los indignados no dejarán de estar indignados y seguiremos asistiendo a esto que tanto llama la atención, una democracia de lo extraordinario. Por estos días está tomando una hermosa figura, saldrán caminando, recogiendo indignaciones hacia Madrid desde distintos puntos de España. Desde Valencia ya salió una marcha, planean llegar allá el 24 de Julio y pasaran por todas las asambleas de las ciudades que queden en el camino, son 34 días caminando hasta Madrid para continuar demostrando su indignación. Pero va a ser necesario pasar a la democracia ordinaria es decir aquella que tiene cause, el problema es que sinceramente no sé cómo porque todo parece indicar que sería necesario un grupo de personas que esté interesada en tomar por principio gobernar para que todos vivan dignamente. Después de la indignación se requiere reorganizar la estructura política y entrar ya a la arena del gobierno (¿será mediante dialogo entre ciudadanos y políticos?) y no continuar simplemente la herida.

Voucher de invierno y educación

Fiel a su estilo de confiar a los privados la soución de problemas públicos, el gobierno ha concebido el “Bono de Consulta Médica Respiratoria” por medio del cual pretende descongestionar los servicios de urgencia hospitalarios. Se trata básicamente de un voucher de atención en centros privados que será entregado a quienes no puedan ser atendidos en el servicio público por excesiva demanda. La población parece haber recibido de buena manera el anuncio, y los esfuerzos por solucionar la congestión de servicios de salud son necesarios. Ahora veamos la letra chica.

El bono será otorgado a las personas inscritas en el tramo A de Fonasa (aquellas “carentes de recursos”), menores de 15 años y mayores de 65. Para ello deben concurrir al servicio de urgencia público, donde “si no hay posibilidad de atención allí por colapso, será el médico o la enfermera jefe la que confirme la situación y la necesidad de atención en otra parte”. Hasta ahí, todo bien. El primer elemento que hace dudar de la efectividad del bono para hacerse cargo del problema es que previo a la entrega del bono debe evaluarse al paciente para determinar que su estado es leve y no requerirá hospitalización. Como lo puso el Subsecretario de Redes Asistenciales, “cuando llega un paciente menor o adulto mayor son rápidamente [sic] evaluados en las urgencias de los Hospitales a lo largo del país”. ¿Ah? ¿Y el problema no era precisamente que la atención es muy lenta? No entiendo bien cómo funcionará en la práctica esto. Probablemente se vaya a hacer por de un triage. Como fuere, todavía no viene lo mejor.

Una vez con el bono en la mano, el paciente deberá “comunicarse con la consulta [privada] y pedir hora [!], que le será entregada según las disponibilidades de agenda”. Y aquí es donde se pone difícil. Noten que el paciente concurre originalmente a la urgencia del hospital. Y la solución consiste en evaluar si es realmente o no tal (si es grave o requerirá hospitalización), y no siendo urgencia, se le deriva al sistema privado. (Tenga esto en mente para lo que viene más abajo). En resumen, lo que se logra es que en vez de esperar un día entero en el hospital a que lo atiendan, mejor espere en su casa para que lo atiendan en el sistema privado. OK. Es una avance. Esperar en la casa es mejor. Pero a esta espera menos gravosa hay que agregar el traslado a la consulta privada, que puede no estar tan accesible como el hospital. No tengo datos, pero sospecho que las consultas privadas están distribuidas principalmente en zonas distintas de las de los hospitales. El riesgo es que los pacientes derivados saturen las consultas privadas cercanas, y los demás tenga que hacer traslados mayores. Bueno, pero si la consulta es provechosa sería aceptable. Sin embargo, si el médico privado receta medicamentos o más exámenes [1] el paciente deberá volver al servicio público.

"¿Pa dónde, jefe?"

Ahora el problema que me parece más serio, y políticamente relevante. Hay razones para creer que el periplo de los pacientes al servicio de urgencia, a su casa a pedir hora al servicio privado, y luego a la consulta privada no será provechoso [2]. La principal razón es que hay evidencia de que buena parte de la saturación de los servicios de urgencia se debe a que la mayoría de las consultas que llegan no son de urgencia (desde un 54% hasta un 98%). En otras palabras, son casos en que en vez de ir a la urgencia y padecer la espera, los pacientes habrían hecho mejor en pedir una consulta en su consultorio correspondiente. Esto es desde luego mejor para los pacientes (en especial bebés, niños y ancianos) que no tendrían que salir a exponerse al frío y al ambiente infeccioso de las urgencias. Claro que los privados se perderían los 3 mil millones que costará el plan.

Esto último me lleva a la importancia política de las deficiencias de este bono. Si el problema de la congestión de los servicios de urgencia se explica en buena parte por el hecho de que las personas no utilizan correctamente los servicios de salud, una solución que caería de cajón sería educar a la población al respecto (realizar campañas antes del invierno, incorporarlo en los controles de salud en los consultorios, u otras medidas); así se haría más eficaz al sistema de salud al mismo tiempo que se “empoderaría” a los ciudadanos.

Y no es que el gobierno no conozca este tipo de planes. Su estrategia de proteger a los consumidores de servicios financieros se reducía a no mucho más que eso; educar a las personas sobre sus derechos. El contraste es lamentable. En materias de protección al consumidor frente a los privados, el gobierno cree que promover la educación es suficiente. Ahora en el ámbito de la salud, cuando los ciudadanos son los que van (o, más bien, son llevados) hacia los privados, el gobierno opta por obviar la educación y asegurar el traspaso de fondos públicos a los privados. Claro, como con el sistema educacional esa estrategia ha funcionado tan bien...

[1] Digo “más exámenes” porque creo haber escuchado que los pacientes derivados irían ya con una radiografía o algún examen del servicio público. No estoy seguro de que vaya a ser así. La información que he encontrado es contradictoria.
[2] Sospecho que en un buen número de casos serán dos viajes a la consulta privada, pues las personas que se atienden en el serivicio público están acostumbrados a pedir hora en persona, no por teléfono o internet.

Acuerdo de vida en común: Reconocer sin reconocer (y algo sobre argumentos)

Aparentemente el gobierno está tratando de reducir el proyecto de “acuerdo de vida en común” a un asunto meramente patrimonial, quitándole cualquier atisbo de reconocimiento de la legimitidad de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Esto ha provocado críticas desde ambos extremos del espectro de posiciones en disputa. Por un lado, se observa que “el intento de hacer pasar la regulación de las parejas de hecho como un asunto meramente patrimonial, sin la carga de legitimación de las relaciones sexuales, es una forma de autoengaño”. Y esto parece correcto; es indudable que las “uniones civiles”, AVC, y demás propuestas buscan otorgar algún reconocimiento a las relaciones homosexuales sin llegar a reconocer como igualmente legítimas que las relaciones heterosexuales. La idea es reconocerlas como no tan legítimas. O, más derechamente, reconocerlas como menos legítimas. Esto es, desde luego, en prinicipio inaceptable, pero sería al menos un avance y por ello parece estratégicamente sensato. (Las luchas contra la discriminación sexual contra las mujeres y contra la discriminación racial podrían ser evidencia de ello).

Precisamente porque el reconocimiento de la legitimidad de las relaciones homosexuales es el principal objetivo de las distintas propuestas es que están justificados quienes, desde el otro lado, se indignan ante los esfuerzos del gobierno por cuadrar el círculo.

Y aprovechando el tema, un comentario sobre la idea de que los argumentos en contra del matrimonio homosexual son una de dos: o religiosos o lingüísticos. En la práctica parece ser así. Al pedir las razones por las cuales alguien se opone al matrimonio homosexual uno suele toparse con quienes esgrimen una pseduo-referencia biblíca (“Dios creó un hombre y una mujer, no dos hombres”), como si eso fuera un argumento (y como si la interpretación de los textos sagrados solo diera respuestas sin generar más disputas precisamente acerca de la mejor interpretación de esos textos). Y otras veces el argumento se reduce a que eso no sería un “verdadero” matrimonio. Pero hay formas de ser más caritativos como ambas estrategias.

Respecto de los argumentos religiosos, no soy de los cree que un texto sagrado no pueda proveer ninguna lección o argumento a ateos, agnósticos, deístas, y devotos de otros textos sagrados. Al menos en principio. Frente al católico-a-la-chilena que apela a la diferencia de sexo de los habitantes del Edén yo prefiero pedir que desarrollen el argumento. En la práctica no lleva a mucho. Encontrar el pasaje correspondiente no es muy difícil (está bien al comienzo), pero desarrollar un argumento a partir de él es más complejo. Es lamentable que casi siempre este ejercicio sea frustrante, pero no debe llevarnos a concluir que es en principio inútil, como si los creyentes no tuvieran razones para defender sus creencias.

En cuanto a los argumentos lingüísticos, son desde luego pueriles. Pero, nuevamente, en la práctica no son más que pseudo-argumentos. En principio se podría defender con razones. En principio se podría presentar algún argumento iusnaturalista, que apele a la naturaleza humana, a la Ley Natural, a los bienes humanos, a los fines del matrimonio, etc., y concluir que el matrimonio heterosexual es verdadero matrimonio y el homosexual solo una corrupción de aquel (así como lex iniusta non est lex). Pero nadie hace esto fuera de los foros académicos. La gente de a pie sigue creyendo (en algún sentido) en la conclusiones de los argumentos, pero no tienen idea de las razones que sustentan esas creencias. (Digo “en algún sentido” porque creer sin razones no parece propiamente una creencia sino una corrupción de ello, un prejuicio, un mal hábito mental). Al no tener acceso a las razones detrás de sus creencias, se quedan con el slogan. “El matriomonio homosexual no es verdadero matrimonio”. Y puesto así, en efecto el argumento parece trivialmente lingüístico.

Para concluir, otro signo de que las creencias de los conservadores han ido alejándose de las razones que las sustentan es que los argumentos que apelan a los bienes que supuestamente solo el matrimonio puede proveer en la práctica han devenido en argumentos consecuencialistas acerca del bienestar material y psicológico de los hijos. Lo que por lo demás no es lamentable, puesto la evidencia empírica habla ampliamente a favor del matrimonio homosexual.

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A propósito de argumentos lingüísticos, este por último es ingenioso: