Días después

Hace un par de días me había propuesto escribir sobre las cosas en que habría que poner especial atención durante los próximos años de gobierno, pero los acontecimientos de la semana se adelantaron por mucho a lo que quería decir.

Dos de las cosas que más preocupación pueden acarrear son, por una parte, la identidad entre la elite política (quien detenta el poder de las instituciones públicas) y la elite económica (quien lo detenta en el ámbito privado) y por otra, la posible reducción del debate político y el control de las autoridades debido a que se hace casi imposible una oposición política a través de los medios de comunicación.

El primero de los temas no es de menor importancia. En un país como Chile donde la distribución de la riqueza es un tema escandaloso, que el pequeño grupo de personas que detenta la mayoría del dinero (y otros bienes), tenga la posibilidad de legislar e implementar las diferentes políticas públicas implica, casi necesariamente, una agudización de la situación de desigualdad. Es difícil pensar que los miembros de esta elite realicen una serie de actos altruistas de distribución de las riquezas, sobre todo después del comportamiento demostrado en los últimos cuarenta años.

Ejemplo de esto es precisamente que dos días después de al elección haya aumentado en un 20% el valor de las acciones de la empresa con que el presidente electo controla el 26%! de la aerolínea más importante de la región. Esto significo una ganancia posible de unos $140.000.000.000 (con lo que se calcula puede pagar toda su campaña presidencial y quedarse con más de un millón de dólares). De todas maneras, al día siguiente el alza fue de un 60% (preferible no calcular cuánto dinero es eso).

Pero además de hacerse inmensamente rico, también interfiere en toda la economía, debido a que es el jefe de todos los entes reguladores, alcanzando una influencia impensable en todos los mercados, contando con una situación privilegiada para acceder a información importantísima. Esto produce, sin lugar a dudas, una interferencia indebida en la distribución de bienes, pudiendo considerarse en sí mismo como un problema de corrupción.

Por eso da lo mismo si el presidente electo vende sus activos hoy o mañana, pues sigue estando en una situación privilegiada: en la cúspide de los poderes económico y político.

Esto se vuelve aún más grave cuando los diferentes controles que tiene una sociedad democrática y un Estado de Derecho no pueden funcionar bien. Por una parte está la ya señalada dependencia al Presidente de los órganos destinados a controlar las actuaciones de los órganos privados y por otra está el problema de los medios de comunicación: por una parte, ya se prohibió a la prensa preguntar al presidente electo por ciertos temas (justamente los más importantes para la transparencia de su actuar) y, por otra, los dos medios de comunicación que dominan la opinión pública, desde Marzo pasan a ser oficialistas.

Desinformación, descontrol, concentración de bienes valiosísimos en las mismas manos: Michael Walzer y sus esferas de justicia parecen una ridiculez.

estrés en sociedad

Deportes de los santiaguinos: tocar la bocina, caminar por el Paseo Ahumada a gran velocidad (de preferencia, sin mirarse a los ojos), estar atrasados, trabajar 12 horas diarias, pensar que el vecino viene a quitarnos el puesto, ser conocidos como antìpaticos a nivel latinoaméricano...
Richard Wilkinson señala: "A menudo se ha podido comprobar que cuanto menor es el grado de desigualdad socioeconómica, tanto más saludable es la sociedad. En aquellas sociedades en que las diferencias en las rentas entre ricos y pobres son pequeñas, los índices de mortalidad tienden a ser más bajos y la gente vive más tiempo. Ello puede ser debido a que las sociedades más iguales son menos estresantes: las personas están predispuestas a confiar las unas de las otras y son menos hostiles y violentas unas con otras" (Las Desigualdades perjudican. Crítica 2001 p 12)

Los VIP, los BIP y los RIP

“El 1% quiere esto torcer,
el 9% tiene el poder,
de lo que queda el 50 solo come
y el resto se muere sin saber porqué”
León Gieco

Hace unos días, la derecha política y el gobierno acordaron solventar económicamente al Transantiago con fondos públicos en los próximos años. Se trata de una suma cercana a los cinco mil millones de dólares. Supe de esta noticia escuchando una radio en donde el comentarista señalaba que con esto se consagraba “la socialización de las deudas y la privatización de las utilidades” debido a que el dinero en cuestión va dirigido a los “empresarios del transporte” quienes tienen sus ganancias aseguradas por contrato. Al parecer esto es algo estructural a la forma de gobernar en Chile (a pesar de algunos cambios intentados por el actual gobierno), un país con un alto PIB per cápita dentro de la región, y una escandalosa desigualdad en la distribución de la riqueza.
Los urbanistas, y de paso los gobernantes, de las últimas décadas, han estado generalmente concientes de la importancia del sistema de transporte para las ciudades, sobre todo cuando estás van creciendo, tanto cualitativa como cuantitativamente, ampliando sus funciones. El transporte está directamente relacionado con como se enfrentan, producen y reproducen las desigualdades dentro de una sociedad, determinando su personalidad. Influye directamente en la calidad de vida: en la posibilidad de acceder a trabajos, a hospitales, a relaciones familiares, así como de circular a toda hora en cualquier lugar, etc. Permite (que se evite) la existencia de lugares apartados de los centros urbanos, pudiendo unir o segregar a grupos de personas.

Por ello, es deber de las autoridades crear condiciones de igualdad para acceder al transporte. Así, en algunas ciudades se privilegia el uso del automóvil con la creación de carreteras y largas distancias entre los centros urbanos y los lugares habitacionales o los sectores industriales y fomentando la existencia de un vehículo por hogar por diferentes medios; en otras se privilegia el transporte público, abaratando los costos del mismo, creando pistas especiales para buses y prohibiendo el acceso de automóviles a lugares de relevancia para la ciudad. Respecto a esto, las políticas chilenas han sido bastante particulares, reproduciendo la desigualdad en la distribución de bienes que se vive en el país, esto se puede graficar, revisando a tres grupos de santiaguinos: los VIP, los BIP y los RIP.

LOS VIP
Años antes de poner en práctica el Transantiago, ya se habían empezado a construir una serie de carreteras concesionadas dentro de Santiago. En ellas se pueden recorrer grandes distancias en poco tiempo. Además, a ellas solo pueden acceder aquellas personas montadas en automóviles veloces que puedan pagar un peaje más caro que un pasaje en la locomoción colectiva (el promedio entre lo más barato y lo más costoso es de $ 1.237 -ver en www.costaneranorte.cl). Otro requisito que se debe cumplir es el de vivir en los barrios más ricos de la ciudad, pues, casualmente, estas carreteras urbanas unen aquellos barrios con el centro de la ciudad o el aeropuerto, logrando que sus usuarios no vean el triste espectáculo de la pobreza que hay entremedio, ni tengan que mezclarse con aquellos que viven los tacos.

LOS BIP
Paralelamente a estas carreteras, existe el sistema público de transporte, el Transantiago, que vino a reemplazar a las Micros amarillas, pero no a la existencia de un oligopolio de “empresarios del transporte”. Para acceder a este sistema basta con tener una tarjeta BIP cargada con $ 400 (o sea, por lo menos, se debe contar con $19.200 para ir y volver del trabajo mensualmente) y suerte. Eso si, la suerte depende del lugar al que se quiera viajar, si se quiere viajar a los barrios más ricos, los buses están en buen estado y pasan regularmente, si se quiere a barrios más pobres, el tiempo de espera aumenta junto con la cantidad de pasajeros por viaje, así como disminuye la calidad del bus.

LOS RIP
Para gran cantidad de personas el acceso al Transantiago es limitado y no existe una alternativa razonable. Hay gran cantidad de chilenos y extranjeros que no tienen un ingreso equivalente o mayor al sueldo mínimo o, simplemente, no tienen acceso al mercado laboral (parias, personas que han cumplido una condena de privación de libertad, indocumentados) o a una vivienda. También podemos pensar así de quienes tienen como único ingreso una pensión que no supera los $ 50.000 (en su mayoría personas de la tercera edad), así como quienes viven alejados del centro de la ciudad, en lugares donde no llega el Transantiago y deben pagar pasajes más caros en colectivos o microbuses, siempre cuando estos existan. Santiago es una ciudad donde están claramente delimitados los barrios pobres de los ricos, el centro de la periferia, lo que es fruto, en gran parte, de la políticas de “erradicación” del gobierno militar que no se ha buscado revertir. Esta particular distribución se aplica a diversos bienes importantes, no solo al dinero y al transporte, sino que también a la salud, la vivienda, la educación, la seguridad personal…