Peligros de la seguridad (Día del Joven combatiente)

Cuando se abre la puerta a la intervención militar, tiende a ser difícil cerrarla y muchos se ven tentados a apoyar que soldados se paseen portando armas por espacios públicos sin permitir manifestaciones o reuniones de personas.

Una muestra de esto es, tal vez, lo que el actual gobierno tiene planeado hacer para “El día del joven combatiente” (día que se ha convertido en una obsesión de los amantes de la seguridad ciudadana en los últimos años, será porque promueve que los jóvenes combatan?).

La Tercera y El Mercurio han informado sobre el tema: se dispondrá de dos mil carabineros y trece mil (!!) efectivos de las fuerzas armadas en las calles. Llama la atención, porque esto no se debe necesariamente a los problemas surgidos del terremoto (el presidente ya anunció públicamente que la emergencia había terminado y que planea no renovar el estado de catástrofe), sino que a una política pública respecto a la seguridad y al uso de las fuerzas armadas y carabineros en el país.

En una etapa de reconstrucción, como lo que estamos viviendo después de la emergencia, se justifica el uso de militares en tareas de construir viviendas, transportar y distribuir materiales entre otras cosas, pero poner quince mil efectivos en las calles en pro de un “derecho a vivir en paz y tranquilidad” es difícil de justificar. Esto es así incluso en circunstancias como las del norte de México o Afganistán, que no se comparan con lo que ocurre Chile.

No es razonable vernos entre nosotros como potenciales peligros y desplegar fuerzas desproporcionadas para combatir a personas que protestan en nombre de una tranquilidad que no está completamente asegurada con este tipo de actos. Llenar los espacios públicos con armas no es una buena idea.

Días después

Hace un par de días me había propuesto escribir sobre las cosas en que habría que poner especial atención durante los próximos años de gobierno, pero los acontecimientos de la semana se adelantaron por mucho a lo que quería decir.

Dos de las cosas que más preocupación pueden acarrear son, por una parte, la identidad entre la elite política (quien detenta el poder de las instituciones públicas) y la elite económica (quien lo detenta en el ámbito privado) y por otra, la posible reducción del debate político y el control de las autoridades debido a que se hace casi imposible una oposición política a través de los medios de comunicación.

El primero de los temas no es de menor importancia. En un país como Chile donde la distribución de la riqueza es un tema escandaloso, que el pequeño grupo de personas que detenta la mayoría del dinero (y otros bienes), tenga la posibilidad de legislar e implementar las diferentes políticas públicas implica, casi necesariamente, una agudización de la situación de desigualdad. Es difícil pensar que los miembros de esta elite realicen una serie de actos altruistas de distribución de las riquezas, sobre todo después del comportamiento demostrado en los últimos cuarenta años.

Ejemplo de esto es precisamente que dos días después de al elección haya aumentado en un 20% el valor de las acciones de la empresa con que el presidente electo controla el 26%! de la aerolínea más importante de la región. Esto significo una ganancia posible de unos $140.000.000.000 (con lo que se calcula puede pagar toda su campaña presidencial y quedarse con más de un millón de dólares). De todas maneras, al día siguiente el alza fue de un 60% (preferible no calcular cuánto dinero es eso).

Pero además de hacerse inmensamente rico, también interfiere en toda la economía, debido a que es el jefe de todos los entes reguladores, alcanzando una influencia impensable en todos los mercados, contando con una situación privilegiada para acceder a información importantísima. Esto produce, sin lugar a dudas, una interferencia indebida en la distribución de bienes, pudiendo considerarse en sí mismo como un problema de corrupción.

Por eso da lo mismo si el presidente electo vende sus activos hoy o mañana, pues sigue estando en una situación privilegiada: en la cúspide de los poderes económico y político.

Esto se vuelve aún más grave cuando los diferentes controles que tiene una sociedad democrática y un Estado de Derecho no pueden funcionar bien. Por una parte está la ya señalada dependencia al Presidente de los órganos destinados a controlar las actuaciones de los órganos privados y por otra está el problema de los medios de comunicación: por una parte, ya se prohibió a la prensa preguntar al presidente electo por ciertos temas (justamente los más importantes para la transparencia de su actuar) y, por otra, los dos medios de comunicación que dominan la opinión pública, desde Marzo pasan a ser oficialistas.

Desinformación, descontrol, concentración de bienes valiosísimos en las mismas manos: Michael Walzer y sus esferas de justicia parecen una ridiculez.

La elección desde lejos

No me deja de asombrar el consuelo de muchos de los que conozco que pueden ser catalogados como centro izquierda. Que la concertación sigue teniendo apoyo y los que votaron por Piñera son solo una minoría que representa a la derecha o a gente sin tendencia política y quizá sin memoria, o que, el triunfo de Piñera debe ser entendido como el fracaso de la concertación. Risa me da pensar en que simplemente somos un país mediocre más bien farandulero, lo que posiblemente sea verdad, pero eso es una tendencia mundial. Al igual que el descontento con las centro izquierdas.
Me encuentro lejos y sin posibilidad de votar, yo lo hubiese hecho por Frei y bajo la premisa tan popular de que ese voto no es por el candidato sino contra la derecha. Pero más allá de los comentarios desde el corazón o divertidos que comparto, el resultado de las elecciones nos debe dar mucho que pensar. Me niego a aceptar sin más que gran parte de un país sufre de amnesia. En este caso creo que el asunto de la memoria es mucho más espinoso de lo que se cree. Hoy nos enfrentamos a una coalición entre conservadores y liberales que aún con diferencias vuelve a reflejar nuestro carácter fragmentario. Me pregunto qué tipo de memoria debemos considerar de ahora en adelante, qué tipo de memoria podría recuperar lo que este año ha perdido la concertación. La memoria funciona trayendo a presencia lo que alguna vez pasó y sin duda hay algo tapado que no estamos viendo y que hay que replantearse. Eso que trae a memoria con posibilidades de reflexión emana de lo ejemplar. Ejemplar no en el sentido de algo que demuestre simplemente un proceso o una idea a seguir, sino en el sentido también del error. Estamos lejos de pensar que los ejemplos de ser humano bueno y virtuoso son posibles y motivarían a otros. Frei como líder político ha mostrado el carácter antinómico de la ejemplaridad, entendida no solo como la imagen a imitar sino también como la imagen de los vicios de un sector político. Piñera pese a representar los vicios más típicos del ser humano, sed de poder y dinero, ha ganado. Con mayor razón digo que la figura pública no tiene el valor del ejemplo a seguir imagen de un ideal. Si hay personas dispuestas a hacer de tripas corazón con sus propios recuerdos y vivencias a fin de revolver la arena política, debemos no solo llamar la memoria del origen de este período democrático nuestro sino de lo que se ha gestado desde la democracia hasta ahora. Es necesario una vuelta, un replanteamiento que nos muestre lo otro que no se nos hace evidente, que estas elecciones no se reduzcan a la simple frase de que somos un país que se avergüenza de sí mismo. Del bombardeo de frases me quedo con un titular que leí en LUN “Lagos cambió el dedo por la oreja”

Legislación y límites

Durante este mes, se reabrió en Chile el debate sobre la pena de muerte, es mas, existió una propuesta de la diputada Lily Pérez, apoyada por otros diputados, de reestablecerla en la legislación chilena. Al parecer, surge como una reacción ante el horrible crimen ocurrido contra una niña de 5 años (violada, golpeada y asesinada por un adulto).

En una carta enviada a El Mercurio (7 de Agosto de 2009) la diputada defiende su propuesta con variados argumentos. Quiero revisar algunos de ellos.

1. “Existe un alto porcentaje de reincidencia en quienes cometen los crímenes más atroces, donde no podemos hablar de mentes sanas”. En primer lugar, podemos preguntarnos si no existen otras formas de evitar la reincidencia. Hay que tener en cuenta que el ius puniendi reconoce en su aplicación el principio de proporcionalidad que incluye los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta, difíciles de fundamentar en la aplicación de la pena de muerte. En segundo lugar, me parece absolutamente inadmisible fundamentar un castigo en no tener “una mente sana” (qué diría Foucault!), parece más razonable asistir médicamente a quien no esta “sano” y no, simplemente matarle por el potencial peligro de que cometa otro crimen horrible.

2. “Existe un fracaso de la ley y de los planes de rehabilitación”. En primer lugar, no queda muy claro si se está refiriendo a la ley que derogó la pena de muerte o a la legislación en general. Siendo cualquiera de las dos uno podría preguntarse si los planes de rehabilitación llegan a quienes cometen estos delitos, antes de que los cometan (en el caso en cuestión, el imputado solo había sido condenado por un asalto previamente, quizás ya había sido “rehabilitado” por ello). Por otra parte, si bien es bastante dudosa la rehabilitación como fin de la pena, no parece razonable pensar que por ello se deba aplicar la pena de muerte antes de replantearse la forma en que se rehabilita a las personas y las oportunidades reales que se les dan (ver, por ejemplo, el informe de la Fiscal Maldonado al respecto).

La diputada da un par de argumentos más: 3. que las principales potencias mundiales aún contemplan la pena de muerte y 4. que como mujer y madre se pone en el lugar de quienes han sufrido pérdidas por esos delitos y que el Estado debería legislar por ellos. No los comento por ahora.

Cabe considerar que el debate y la reflexión que, en teoría, lleva detrás la legislación no solo debería representar el sentir inmediato de un grupo de la ciudadanía, sino que también los valores que se desarrollan dentro de la comunidad, así como reflejar sus aprendizajes a lo largo de la historia. Una cosa es la reacción personal ante un hecho atroz y otra es la reacción de la legislación. En este sentido, al legislar debe aparecer la pregunta de hasta dónde queremos afectar la vida de otros seres humanos, cómo queremos, como sociedad, enfrentar a quienes han cometido crímenes atroces, y cuáles son los límites de ello.

La pena de muerte es un caso extremo de trato cruel, inhumano y degradante, considerado por algunos como una tortura con resultado de muerte. Esto porque existe una tremenda desproporción, al ser una situación en donde el Estado, detentando el monopolio de la fuerza, acaba con todas las expectativas de un individuo; además, se trata de darle a conocer una fecha de muerte sin su consentimiento (algunos señalan, basados en un modelo de racionalidad no muy plausible, que lo presta al cometer el delito), inevitable y, muchas veces, alejada de las circunstancias “normales” de la muerte (como la enfermedad o la vejez). Todo esto es aplicado concientemente, es más, se desarrollan tecnologías para ello. Puede decirse analógicamente que se trata de un homicidio premeditado llevado a cabo por la comunidad, esto lo conecta directamente con la legislación, lugar donde se realiza esta premeditación.
Uno podría preguntarse si un sistema de justicia puede ser considerado “justo” si, al entrar los individuos a este, puede que nunca salgan con vida, más allá de todos los desarrollos personales que puedan hacer. Al parecer se aleja mucho de lo que consideramos “humano” y de las cosas aprendidas después de un siglo lleno de pena y muerte.

estrés en sociedad

Deportes de los santiaguinos: tocar la bocina, caminar por el Paseo Ahumada a gran velocidad (de preferencia, sin mirarse a los ojos), estar atrasados, trabajar 12 horas diarias, pensar que el vecino viene a quitarnos el puesto, ser conocidos como antìpaticos a nivel latinoaméricano...
Richard Wilkinson señala: "A menudo se ha podido comprobar que cuanto menor es el grado de desigualdad socioeconómica, tanto más saludable es la sociedad. En aquellas sociedades en que las diferencias en las rentas entre ricos y pobres son pequeñas, los índices de mortalidad tienden a ser más bajos y la gente vive más tiempo. Ello puede ser debido a que las sociedades más iguales son menos estresantes: las personas están predispuestas a confiar las unas de las otras y son menos hostiles y violentas unas con otras" (Las Desigualdades perjudican. Crítica 2001 p 12)

Los VIP, los BIP y los RIP

“El 1% quiere esto torcer,
el 9% tiene el poder,
de lo que queda el 50 solo come
y el resto se muere sin saber porqué”
León Gieco

Hace unos días, la derecha política y el gobierno acordaron solventar económicamente al Transantiago con fondos públicos en los próximos años. Se trata de una suma cercana a los cinco mil millones de dólares. Supe de esta noticia escuchando una radio en donde el comentarista señalaba que con esto se consagraba “la socialización de las deudas y la privatización de las utilidades” debido a que el dinero en cuestión va dirigido a los “empresarios del transporte” quienes tienen sus ganancias aseguradas por contrato. Al parecer esto es algo estructural a la forma de gobernar en Chile (a pesar de algunos cambios intentados por el actual gobierno), un país con un alto PIB per cápita dentro de la región, y una escandalosa desigualdad en la distribución de la riqueza.
Los urbanistas, y de paso los gobernantes, de las últimas décadas, han estado generalmente concientes de la importancia del sistema de transporte para las ciudades, sobre todo cuando estás van creciendo, tanto cualitativa como cuantitativamente, ampliando sus funciones. El transporte está directamente relacionado con como se enfrentan, producen y reproducen las desigualdades dentro de una sociedad, determinando su personalidad. Influye directamente en la calidad de vida: en la posibilidad de acceder a trabajos, a hospitales, a relaciones familiares, así como de circular a toda hora en cualquier lugar, etc. Permite (que se evite) la existencia de lugares apartados de los centros urbanos, pudiendo unir o segregar a grupos de personas.

Por ello, es deber de las autoridades crear condiciones de igualdad para acceder al transporte. Así, en algunas ciudades se privilegia el uso del automóvil con la creación de carreteras y largas distancias entre los centros urbanos y los lugares habitacionales o los sectores industriales y fomentando la existencia de un vehículo por hogar por diferentes medios; en otras se privilegia el transporte público, abaratando los costos del mismo, creando pistas especiales para buses y prohibiendo el acceso de automóviles a lugares de relevancia para la ciudad. Respecto a esto, las políticas chilenas han sido bastante particulares, reproduciendo la desigualdad en la distribución de bienes que se vive en el país, esto se puede graficar, revisando a tres grupos de santiaguinos: los VIP, los BIP y los RIP.

LOS VIP
Años antes de poner en práctica el Transantiago, ya se habían empezado a construir una serie de carreteras concesionadas dentro de Santiago. En ellas se pueden recorrer grandes distancias en poco tiempo. Además, a ellas solo pueden acceder aquellas personas montadas en automóviles veloces que puedan pagar un peaje más caro que un pasaje en la locomoción colectiva (el promedio entre lo más barato y lo más costoso es de $ 1.237 -ver en www.costaneranorte.cl). Otro requisito que se debe cumplir es el de vivir en los barrios más ricos de la ciudad, pues, casualmente, estas carreteras urbanas unen aquellos barrios con el centro de la ciudad o el aeropuerto, logrando que sus usuarios no vean el triste espectáculo de la pobreza que hay entremedio, ni tengan que mezclarse con aquellos que viven los tacos.

LOS BIP
Paralelamente a estas carreteras, existe el sistema público de transporte, el Transantiago, que vino a reemplazar a las Micros amarillas, pero no a la existencia de un oligopolio de “empresarios del transporte”. Para acceder a este sistema basta con tener una tarjeta BIP cargada con $ 400 (o sea, por lo menos, se debe contar con $19.200 para ir y volver del trabajo mensualmente) y suerte. Eso si, la suerte depende del lugar al que se quiera viajar, si se quiere viajar a los barrios más ricos, los buses están en buen estado y pasan regularmente, si se quiere a barrios más pobres, el tiempo de espera aumenta junto con la cantidad de pasajeros por viaje, así como disminuye la calidad del bus.

LOS RIP
Para gran cantidad de personas el acceso al Transantiago es limitado y no existe una alternativa razonable. Hay gran cantidad de chilenos y extranjeros que no tienen un ingreso equivalente o mayor al sueldo mínimo o, simplemente, no tienen acceso al mercado laboral (parias, personas que han cumplido una condena de privación de libertad, indocumentados) o a una vivienda. También podemos pensar así de quienes tienen como único ingreso una pensión que no supera los $ 50.000 (en su mayoría personas de la tercera edad), así como quienes viven alejados del centro de la ciudad, en lugares donde no llega el Transantiago y deben pagar pasajes más caros en colectivos o microbuses, siempre cuando estos existan. Santiago es una ciudad donde están claramente delimitados los barrios pobres de los ricos, el centro de la periferia, lo que es fruto, en gran parte, de la políticas de “erradicación” del gobierno militar que no se ha buscado revertir. Esta particular distribución se aplica a diversos bienes importantes, no solo al dinero y al transporte, sino que también a la salud, la vivienda, la educación, la seguridad personal…

Ley de Vile sobre el arte de hacer cola

Me gustaría comenzar estos comentarios sobre la ciudadanía, derechos y demases recordando el día que me inscribí para votar (si, porque en Chile hay que inscribirse para tener derecho a sufragio y, una vez inscrito, se está obligado a ejercerlo). Fue en el 2005 cuando tenía 22 años (es todo un tema el mío, soy un poco lento, aprendí a andar en bicicleta a los 18 años) por ningún motivo en especial, como buen joven chileno, no creo mucho en las elites políticas del país.
Recuerdo que fui entremedio de dos horas de clases al Registro Electoral de Santiago, comuna donde vivía en ese entonces. Es interesante lo que pasa en esa comuna, pues, por ser el centro histórico de la capital del país están inscritos en ella todas las “grandes figuras” de la política chilena (Lagos, Piñera, etc.), pero ninguna de esas figuras vive realmente allí, todos viven en Las Condes, Vitacura o la Dehesa, en el “barrio alto”, tranquilamente, sin mezclarse con la chusma (excepto, claro, día de las elecciones, donde todos los canales de televisión los esperan afuera del INSUCO), pero igualmente votan para elegir a los representantes y gobernantes de ella. La cosa es que cuando llegué había una cola de unas veinte personas, lo que significaba esperar alrededor de una hora (desincentivando aún más las ganas de inscribirse para votar), así que agarré el libro con el que andaba y me preparé a esperar.
Al rato llegan tres tipos vestidos con pantalones negros, camisa blanca y corbata, peinados con gel (el típico hombre happy hour), pasan junto a mi, y caminan por el lado de la fila en dirección a la oficina del Registro. Uno de ellos entra a ella (la oficina era pequeñísima, al parecer preparada para la ocasión), se escuchan unas risas y sale, los otros dos hacen una cola (paralela a la original) afuera de la puerta y van pasando de a uno. La cosa es que se inscribieron antes que todos los demás que estábamos haciendo la fila de hace rato (recuerdo una pareja que andaba con un bebé a los cuales no les permitieron pasar antes). Realmente me indignó en ese momento ver como, incluso cuando uno va a inscribirse para votar, para ejercer el derecho más simbólicamente democrático (si, el famoso voto igual), el amiguismo y el favoritismo salen victoriosos, hoy en día lo veo con humor. Cero cabida a la igualdad. Así en Chile, cuando uno hace una cola, el de adelante está a la defensiva esperando a que intentes quitarle el puesto, mientras ve como llegan amigos del que atiende y pasan.
Algo parecido me pasó hace unos días. La Corte Interamericana sesionaba en Santiago, en el edificio del antiguo Congreso Nacional. Días antes entré a la página web de la Corte y me inscribí llenando un formulario de acceso público (que esta disponible cada vez que la Corte sesiona, por lo que he podio ver). Me llegó un mail con la invitación, la cual debía imprimir y presentar al entrar a la audiencia. En fin, hice todos esos trámites, iba por calle Compañía con mi invitación en el morral y al llegar veo una inmensa fila de personas de manera "formal" (ternos y vestidos). Al acercarme vi a dos amigos de la universidad, las únicas dos personas aparte de mí que no estaban vestidas de traje. Me acerqué a ellos y me contaron que estaban ahí hace un rato y no los habían dejado entrar, pero sí habían permitido el acceso a unas treinta personas “formales” que habían llegado después de ellos, pero que venían con un “profesor” de no sé cuál Universidad. El carabinero de la puerta ni se inmutaba ante las preguntas que les hacíamos. Después nos dijo que fuéramos a la otra entrada, donde seguro nos dejaban entrar.
Caminamos rápidamente, pues la audiencia estaba por empezar y, al llegar, un carabinero estaba cerrando la puerta para cerrar paso, puerta que recientemente había abierto para dejar entrar a un hombre mayor que nosotros que andaba de terno y que no había mostrado invitación. Nos dijeron que no podíamos entrar si no mostrábamos identificación. Todo esto mientras entraban otras personas que venían de la Universidad Arcis (salió alguien desde a dentro a reconocerlos –“este, este y este pueden entrar”). En ese momento descubrimos que había que estar en una lista de alguna de las universidades para poder ingresar. Finalmente, después de una espera más o menos tensa, llegó un carabinero de mayor rango que, ante nuestros alegatos de discriminación, nos dejó entrar. Hasta el momento éramos las únicas personas, de las que yo había visto, que andaban con la invitación impresa.
Al llegar al hall del edificio, mostramos nuestras invitaciones y nos dijeron que no estábamos en las listas. Le dije a la persona que atendía que ya en la entrada al edificio habíamos sido víctimas de una discriminación por edad, por vestimenta y por no pertenecer a una institución. Ella quedó un poco confundida ante mis palabras (“derechos”, “discriminación”, - lo prometo, dichas con calma) y me dijo que la organización no sabía que existía el sistema de inscripción pública de la Corte, claro, en Chile solo se puede llegar al final de una cola estando en una lista o siendo amigo del que atiende. Ni siquiera la inscripción al Registro Electoral, ni una audiencia de la Corte Interamericana se salvan.

(a Cona y Pablo)