El tema de Hidroaysén muestra un problema general de Chile respecto a como enfrentamos nuestra relación con el medioambiente, cuestión que, a pesar de crear normativas y órganos estatales especiales, no se ha tomado muy en serio como un tema de país.
Reflejo de esto ha sido precisamente que el sistema jurídico ampare la forma en que se toman decisiones tan trascendentales como la de Hidroaysén. En este sentido resulta escandaloso que el Ministro del Interior haya defendido publicamente el proyecto horas antes de la votación que lo aprobó. Es escandaloso porque gran parte de quienes votaban ejercen sus cargos debido a la confianza que les da el Presidente (y él como jefe de gabinete) y porque él forma parte de un posible tribunal de segunda instancia.
Por lo mismo vale la pena preguntarse ¿tiene sentido que funcione dicho órgano como segunda instancia? ¿cuán independiente es el primer juez del segundo? Además de peguntarse legítimamente ¿Qué intereses priman en dichas decisiones?
En reacción a lo anterior en los últimos días se han desarrollado masivas manifestaciones en diversos lugares del país (y fuera de este), en contra del proyecto. Dichas manifestaciones han gozado de gran popularidad y en ellas han participado personas de todas las edades. La más simbólica ha sido, hasta el momento, la del viernes pasado en la que participaron varias decenas de miles de personas. De aquellas, cincuenta resultaron detenidas (el 1,25%), siendo una marcha no problemática, tal como lo señaló la policía ese mismo día, considerándose a los detenidos como personas no gratas por los otros marchantes (el 98.75%).
El gobierno presentó, en la semana, una querella contra los organizadores de la marcha, pidiendo que respondan por todos los daños acaecidos ese día.
Este parece ser un acto que busca persuadir a los organizadores a través de una amenaza. Es legitimo cuestionarse si realmente se puede pedir que los organizadores tengan control sobre cuarenta mil personas o es más razonable esperar que cada persona que realice un daño sea responsable de dicho daño (a no ser, obviamente, que se convoque a una manifestación precisamente para hacer daño). Lo primero parece ser lo que pide el gobierno, Rodrigo Ubilla señaló: "El Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, pero con la misma fuerza que garantizamos ese derecho, creemos que los organizadores deben asumir el deber de garantizar el orden público". (fuente).
La propuesta del gobierno ha sido la de criminalizar las protestas y desligitimar a los convocantes y participantes, uno puede dudar sobre si eso es garantizar la libertad de expresión.
Al parecer ésta acción del gobierno busca desligitimar y amedrentar a un movimiento que crece en legitimidad para justificar una decisión que carece de ella.
