Navidad Segura

El horror ocurrido en la cárcel de San Miguel además de producir una profunda tristeza deja muchas cosas que pensar, cosas que no se conversan comúnmente, pues se trata de la vida de personas sistemáticamente perseguidas y excluidas. Además, son muchos tópicos los que aparecen debido a que el problema carcelario es un problema que presupone una acción y reflexión sistemática que considera variados ámbitos de políticas públicas y de la forma en que la sociedad se ve a sí misma.

Al respecto quisiera tocar un pequeño tema del cual tenía intención de escribir hace unos días. Se trata de que a mucha gente le ha llamado la atención el hecho de que, entre los fallecidos en el incendio, había muchos jóvenes (de entre 20 y 23 años) que además estaban privados de libertad por delitos como el robo de celulares o la venta de música pirata.

Me parece que este hecho llame mucho la atención implica una escisión presente en los chilenos acerca de cómo vemos la cuestión: por una parte se apoya la realización de políticas relacionadas con el utilizar muchos medios para perseguir a quienes cometen delitos como el robo hormiga (penas más altas, más policías en las calles, obligar a que se dicten prisiones preventivas, castigo a la reincidencia, etc.) y por otra, se reacciona con horror ante el hecho de que tantos jóvenes que cometen estos delitos se encuentren hacinando las cárceles del país.

El 6 de Diciembre, dos días antes del incendio, el gobierno propuso su plan “Navidad Segura”, por la cual se acrecentaba la dotación policial en los diez barrios donde se realiza la mayor parte de las compras navideñas. Según la página del gobierno, el plan “tiene como finalidad aumentar la oferta de servicios policiales preventivos, permitiendo controlar, fiscalizar, prevenir y erradicar la proliferación del comercio ilegal, la venta de especies de dudosa procedencia y la ocurrencia de hechos ilícitos asociados" (ver noticia acá)

Este discurso no solo implica una distinción entre los habitantes del país (al basarse en la protección del cuidadano-que-pacificamente-va-a-hacer-las-compras-para-sus-seres-queridos del delincuente), sino que implica concentrar las fuerzas policiales en la persecución de los comerciantes ambulantes, a quienes de los responsabiliza de la existencia de “ilícitos asociados” (me imagino que se trata de robos, hurtos y riñas). Cabe preguntarse, entre muchas cosas, cuán peligroso y nocivo para una sociedad como la nuestra es el comercio ambulante (gran cantidad de personas tienen la posibilidad de acceder a ciertos bienes solo por vía de mercados negros) y si la protección no va más bien dirigida al comerciante.

Si se contempla el uso de 2.000 efectivos especiales para perseguir a quien vende discos piratas en la calle, por qué después nos horrorizamos ante cárceles atestadas de jóvenes privados de libertad por estas cuestiones.

Cito lo dicho por Roberto Gargarella en su blog el día de ayer: “El presidente de Chile descubre ahora, después de la tragedia, el problema del hacinamiento en las cárceles de su país (acabábamos de hablar del tema en el blog, vía JGB). Y la solución que ofrece es la solución empresaria: si hay hacinamiento, lo que se necesita son más cárceles.”

Peligros de la seguridad (Día del Joven combatiente)

Cuando se abre la puerta a la intervención militar, tiende a ser difícil cerrarla y muchos se ven tentados a apoyar que soldados se paseen portando armas por espacios públicos sin permitir manifestaciones o reuniones de personas.

Una muestra de esto es, tal vez, lo que el actual gobierno tiene planeado hacer para “El día del joven combatiente” (día que se ha convertido en una obsesión de los amantes de la seguridad ciudadana en los últimos años, será porque promueve que los jóvenes combatan?).

La Tercera y El Mercurio han informado sobre el tema: se dispondrá de dos mil carabineros y trece mil (!!) efectivos de las fuerzas armadas en las calles. Llama la atención, porque esto no se debe necesariamente a los problemas surgidos del terremoto (el presidente ya anunció públicamente que la emergencia había terminado y que planea no renovar el estado de catástrofe), sino que a una política pública respecto a la seguridad y al uso de las fuerzas armadas y carabineros en el país.

En una etapa de reconstrucción, como lo que estamos viviendo después de la emergencia, se justifica el uso de militares en tareas de construir viviendas, transportar y distribuir materiales entre otras cosas, pero poner quince mil efectivos en las calles en pro de un “derecho a vivir en paz y tranquilidad” es difícil de justificar. Esto es así incluso en circunstancias como las del norte de México o Afganistán, que no se comparan con lo que ocurre Chile.

No es razonable vernos entre nosotros como potenciales peligros y desplegar fuerzas desproporcionadas para combatir a personas que protestan en nombre de una tranquilidad que no está completamente asegurada con este tipo de actos. Llenar los espacios públicos con armas no es una buena idea.

Peligros de la seguridad

La seguridad es muchas veces citada dentro de las discusiones políticas y jurídicas, pero rara vez se presta atención a qué significa realmente. En las constituciones y tratados internacionales suele tratársele como un valor, un principio, e incluso como un derecho y, a pesar de ello, no son pocos sus detractores.

Podemos decir que se le ha tratado en un ámbito individual y en uno colectivo.

El individual suele consagrase en el derecho a la libertad y seguridad personales que se traduce en ciertas garantías ante la actuación de terceros (especialmente de órganos estatales) estando libre de detenciones clandestinas, torturas y otros tratos crueles. Además, socialmente, se han desarrollado otras lecturas como la necesidad de tener armas en las casas para ampliar la seguridad en caso de robo u otro suceso dañino.

Por su parte, el ámbito colectivo tiende a denominarse “seguridad pública” y su contenido nunca está bien determinado, pero sus consecuencias son bien conocidas. Como señala Carl Schmitt, quien tiene el poder de decisión dentro de un sistema jurídico dice cuando la seguridad pública se ve amenazada (generalmente por la existencia de enemigos internos dentro de la sociedad, ya sean marxistas, terroristas o saqueadores). Los criterios utilizados para determinar cuándo la seguridad se ve amenazada son de “razón de Estado”, esto es, un misterio que sirve a fines policiales para el gobernante de turno.

Las consecuencias de determinar que la seguridad pública se encuentra en peligro son la limitación del ejercicio de derechos (por ejemplo la libertad ambulatoria cuando se declara un toque de queda) y el aumento de las facultades de ciertos órganos estatales (los cuales dejan de ser controlables por otros órganos estatales), o sea, la suspensión del Estado de Derecho en situaciones conocidas como “estados de excepción”.

Ojo, todo es por nuestro bien.

Lo curioso es que en la práctica los dos ámbitos suelen chocar, pues la seguridad individual tiende a protegerse con los derechos que desaparecen durante los períodos de “excepción”.

De este modo las consecuencias de apelar a la “seguridad publica” le ha traído muy mala fama a esta, básicamente porque significa la desaparición del individuo dentro del funcionamiento de la sociedad, la desaparición del acuerdo (de actuar concertadamente, diría Arendt) dentro del actuar político y el que todo empiece a teñirse de violencia.

La seguridad es sin duda algo valioso para todos, pero es necesario tener ojo respecto de como la definimos y de lo que hacemos en nombre de ella, ya en el primer día de nuestro primer toque de queda del siglo XXI murió una persona.