Durante este mes, se reabrió en Chile el debate sobre la pena de muerte, es mas, existió una propuesta de la diputada Lily Pérez, apoyada por otros diputados, de reestablecerla en la legislación chilena. Al parecer, surge como una reacción ante el horrible crimen ocurrido contra una niña de 5 años (violada, golpeada y asesinada por un adulto).
En una carta enviada a El Mercurio (7 de Agosto de 2009) la diputada defiende su propuesta con variados argumentos. Quiero revisar algunos de ellos.
1. “Existe un alto porcentaje de reincidencia en quienes cometen los crímenes más atroces, donde no podemos hablar de mentes sanas”. En primer lugar, podemos preguntarnos si no existen otras formas de evitar la reincidencia. Hay que tener en cuenta que el ius puniendi reconoce en su aplicación el principio de proporcionalidad que incluye los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta, difíciles de fundamentar en la aplicación de la pena de muerte. En segundo lugar, me parece absolutamente inadmisible fundamentar un castigo en no tener “una mente sana” (qué diría Foucault!), parece más razonable asistir médicamente a quien no esta “sano” y no, simplemente matarle por el potencial peligro de que cometa otro crimen horrible.
2. “Existe un fracaso de la ley y de los planes de rehabilitación”. En primer lugar, no queda muy claro si se está refiriendo a la ley que derogó la pena de muerte o a la legislación en general. Siendo cualquiera de las dos uno podría preguntarse si los planes de rehabilitación llegan a quienes cometen estos delitos, antes de que los cometan (en el caso en cuestión, el imputado solo había sido condenado por un asalto previamente, quizás ya había sido “rehabilitado” por ello). Por otra parte, si bien es bastante dudosa la rehabilitación como fin de la pena, no parece razonable pensar que por ello se deba aplicar la pena de muerte antes de replantearse la forma en que se rehabilita a las personas y las oportunidades reales que se les dan (ver, por ejemplo, el informe de la Fiscal Maldonado al respecto).
La diputada da un par de argumentos más: 3. que las principales potencias mundiales aún contemplan la pena de muerte y 4. que como mujer y madre se pone en el lugar de quienes han sufrido pérdidas por esos delitos y que el Estado debería legislar por ellos. No los comento por ahora.
Cabe considerar que el debate y la reflexión que, en teoría, lleva detrás la legislación no solo debería representar el sentir inmediato de un grupo de la ciudadanía, sino que también los valores que se desarrollan dentro de la comunidad, así como reflejar sus aprendizajes a lo largo de la historia. Una cosa es la reacción personal ante un hecho atroz y otra es la reacción de la legislación. En este sentido, al legislar debe aparecer la pregunta de hasta dónde queremos afectar la vida de otros seres humanos, cómo queremos, como sociedad, enfrentar a quienes han cometido crímenes atroces, y cuáles son los límites de ello.
La pena de muerte es un caso extremo de trato cruel, inhumano y degradante, considerado por algunos como una tortura con resultado de muerte. Esto porque existe una tremenda desproporción, al ser una situación en donde el Estado, detentando el monopolio de la fuerza, acaba con todas las expectativas de un individuo; además, se trata de darle a conocer una fecha de muerte sin su consentimiento (algunos señalan, basados en un modelo de racionalidad no muy plausible, que lo presta al cometer el delito), inevitable y, muchas veces, alejada de las circunstancias “normales” de la muerte (como la enfermedad o la vejez). Todo esto es aplicado concientemente, es más, se desarrollan tecnologías para ello. Puede decirse analógicamente que se trata de un homicidio premeditado llevado a cabo por la comunidad, esto lo conecta directamente con la legislación, lugar donde se realiza esta premeditación.
Uno podría preguntarse si un sistema de justicia puede ser considerado “justo” si, al entrar los individuos a este, puede que nunca salgan con vida, más allá de todos los desarrollos personales que puedan hacer. Al parecer se aleja mucho de lo que consideramos “humano” y de las cosas aprendidas después de un siglo lleno de pena y muerte.
Uno podría preguntarse si un sistema de justicia puede ser considerado “justo” si, al entrar los individuos a este, puede que nunca salgan con vida, más allá de todos los desarrollos personales que puedan hacer. Al parecer se aleja mucho de lo que consideramos “humano” y de las cosas aprendidas después de un siglo lleno de pena y muerte.
