El bono será otorgado a las personas inscritas en el tramo A de Fonasa (aquellas “carentes de recursos”), menores de 15 años y mayores de 65. Para ello deben concurrir al servicio de urgencia público, donde “si no hay posibilidad de atención allí por colapso, será el médico o la enfermera jefe la que confirme la situación y la necesidad de atención en otra parte”. Hasta ahí, todo bien. El primer elemento que hace dudar de la efectividad del bono para hacerse cargo del problema es que previo a la entrega del bono debe evaluarse al paciente para determinar que su estado es leve y no requerirá hospitalización. Como lo puso el Subsecretario de Redes Asistenciales, “cuando llega un paciente menor o adulto mayor son rápidamente [sic] evaluados en las urgencias de los Hospitales a lo largo del país”. ¿Ah? ¿Y el problema no era precisamente que la atención es muy lenta? No entiendo bien cómo funcionará en la práctica esto. Probablemente se vaya a hacer por de un triage. Como fuere, todavía no viene lo mejor.
Una vez con el bono en la mano, el paciente deberá “comunicarse con la consulta [privada] y pedir hora [!], que le será entregada según las disponibilidades de agenda”. Y aquí es donde se pone difícil. Noten que el paciente concurre originalmente a la urgencia del hospital. Y la solución consiste en evaluar si es realmente o no tal (si es grave o requerirá hospitalización), y no siendo urgencia, se le deriva al sistema privado. (Tenga esto en mente para lo que viene más abajo). En resumen, lo que se logra es que en vez de esperar un día entero en el hospital a que lo atiendan, mejor espere en su casa para que lo atiendan en el sistema privado. OK. Es una avance. Esperar en la casa es mejor. Pero a esta espera menos gravosa hay que agregar el traslado a la consulta privada, que puede no estar tan accesible como el hospital. No tengo datos, pero sospecho que las consultas privadas están distribuidas principalmente en zonas distintas de las de los hospitales. El riesgo es que los pacientes derivados saturen las consultas privadas cercanas, y los demás tenga que hacer traslados mayores. Bueno, pero si la consulta es provechosa sería aceptable. Sin embargo, si el médico privado receta medicamentos o más exámenes [1] el paciente deberá volver al servicio público.
"¿Pa dónde, jefe?"
Ahora el problema que me parece más serio, y políticamente relevante. Hay razones para creer que el periplo de los pacientes al servicio de urgencia, a su casa a pedir hora al servicio privado, y luego a la consulta privada no será provechoso [2]. La principal razón es que hay evidencia de que buena parte de la saturación de los servicios de urgencia se debe a que la mayoría de las consultas que llegan no son de urgencia (desde un 54% hasta un 98%). En otras palabras, son casos en que en vez de ir a la urgencia y padecer la espera, los pacientes habrían hecho mejor en pedir una consulta en su consultorio correspondiente. Esto es desde luego mejor para los pacientes (en especial bebés, niños y ancianos) que no tendrían que salir a exponerse al frío y al ambiente infeccioso de las urgencias. Claro que los privados se perderían los 3 mil millones que costará el plan.
Esto último me lleva a la importancia política de las deficiencias de este bono. Si el problema de la congestión de los servicios de urgencia se explica en buena parte por el hecho de que las personas no utilizan correctamente los servicios de salud, una solución que caería de cajón sería educar a la población al respecto (realizar campañas antes del invierno, incorporarlo en los controles de salud en los consultorios, u otras medidas); así se haría más eficaz al sistema de salud al mismo tiempo que se “empoderaría” a los ciudadanos.
Y no es que el gobierno no conozca este tipo de planes. Su estrategia de proteger a los consumidores de servicios financieros se reducía a no mucho más que eso; educar a las personas sobre sus derechos. El contraste es lamentable. En materias de protección al consumidor frente a los privados, el gobierno cree que promover la educación es suficiente. Ahora en el ámbito de la salud, cuando los ciudadanos son los que van (o, más bien, son llevados) hacia los privados, el gobierno opta por obviar la educación y asegurar el traspaso de fondos públicos a los privados. Claro, como con el sistema educacional esa estrategia ha funcionado tan bien...
[1] Digo “más exámenes” porque creo haber escuchado que los pacientes derivados irían ya con una radiografía o algún examen del servicio público. No estoy seguro de que vaya a ser así. La información que he encontrado es contradictoria.
[2] Sospecho que en un buen número de casos serán dos viajes a la consulta privada, pues las personas que se atienden en el serivicio público están acostumbrados a pedir hora en persona, no por teléfono o internet.
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