Cuando se abre la puerta a la intervención militar, tiende a ser difícil cerrarla y muchos se ven tentados a apoyar que soldados se paseen portando armas por espacios públicos sin permitir manifestaciones o reuniones de personas.
Una muestra de esto es, tal vez, lo que el actual gobierno tiene planeado hacer para “El día del joven combatiente” (día que se ha convertido en una obsesión de los amantes de la seguridad ciudadana en los últimos años, será porque promueve que los jóvenes combatan?).
La Tercera y El Mercurio han informado sobre el tema: se dispondrá de dos mil carabineros y trece mil (!!) efectivos de las fuerzas armadas en las calles. Llama la atención, porque esto no se debe necesariamente a los problemas surgidos del terremoto (el presidente ya anunció públicamente que la emergencia había terminado y que planea no renovar el estado de catástrofe), sino que a una política pública respecto a la seguridad y al uso de las fuerzas armadas y carabineros en el país.
En una etapa de reconstrucción, como lo que estamos viviendo después de la emergencia, se justifica el uso de militares en tareas de construir viviendas, transportar y distribuir materiales entre otras cosas, pero poner quince mil efectivos en las calles en pro de un “derecho a vivir en paz y tranquilidad” es difícil de justificar. Esto es así incluso en circunstancias como las del norte de México o Afganistán, que no se comparan con lo que ocurre Chile.
No es razonable vernos entre nosotros como potenciales peligros y desplegar fuerzas desproporcionadas para combatir a personas que protestan en nombre de una tranquilidad que no está completamente asegurada con este tipo de actos. Llenar los espacios públicos con armas no es una buena idea.
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