Navidad Segura

El horror ocurrido en la cárcel de San Miguel además de producir una profunda tristeza deja muchas cosas que pensar, cosas que no se conversan comúnmente, pues se trata de la vida de personas sistemáticamente perseguidas y excluidas. Además, son muchos tópicos los que aparecen debido a que el problema carcelario es un problema que presupone una acción y reflexión sistemática que considera variados ámbitos de políticas públicas y de la forma en que la sociedad se ve a sí misma.

Al respecto quisiera tocar un pequeño tema del cual tenía intención de escribir hace unos días. Se trata de que a mucha gente le ha llamado la atención el hecho de que, entre los fallecidos en el incendio, había muchos jóvenes (de entre 20 y 23 años) que además estaban privados de libertad por delitos como el robo de celulares o la venta de música pirata.

Me parece que este hecho llame mucho la atención implica una escisión presente en los chilenos acerca de cómo vemos la cuestión: por una parte se apoya la realización de políticas relacionadas con el utilizar muchos medios para perseguir a quienes cometen delitos como el robo hormiga (penas más altas, más policías en las calles, obligar a que se dicten prisiones preventivas, castigo a la reincidencia, etc.) y por otra, se reacciona con horror ante el hecho de que tantos jóvenes que cometen estos delitos se encuentren hacinando las cárceles del país.

El 6 de Diciembre, dos días antes del incendio, el gobierno propuso su plan “Navidad Segura”, por la cual se acrecentaba la dotación policial en los diez barrios donde se realiza la mayor parte de las compras navideñas. Según la página del gobierno, el plan “tiene como finalidad aumentar la oferta de servicios policiales preventivos, permitiendo controlar, fiscalizar, prevenir y erradicar la proliferación del comercio ilegal, la venta de especies de dudosa procedencia y la ocurrencia de hechos ilícitos asociados" (ver noticia acá)

Este discurso no solo implica una distinción entre los habitantes del país (al basarse en la protección del cuidadano-que-pacificamente-va-a-hacer-las-compras-para-sus-seres-queridos del delincuente), sino que implica concentrar las fuerzas policiales en la persecución de los comerciantes ambulantes, a quienes de los responsabiliza de la existencia de “ilícitos asociados” (me imagino que se trata de robos, hurtos y riñas). Cabe preguntarse, entre muchas cosas, cuán peligroso y nocivo para una sociedad como la nuestra es el comercio ambulante (gran cantidad de personas tienen la posibilidad de acceder a ciertos bienes solo por vía de mercados negros) y si la protección no va más bien dirigida al comerciante.

Si se contempla el uso de 2.000 efectivos especiales para perseguir a quien vende discos piratas en la calle, por qué después nos horrorizamos ante cárceles atestadas de jóvenes privados de libertad por estas cuestiones.

Cito lo dicho por Roberto Gargarella en su blog el día de ayer: “El presidente de Chile descubre ahora, después de la tragedia, el problema del hacinamiento en las cárceles de su país (acabábamos de hablar del tema en el blog, vía JGB). Y la solución que ofrece es la solución empresaria: si hay hacinamiento, lo que se necesita son más cárceles.”