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octubre 22, 2011

Intransigencia y legitimidad

La violencia en las últimas semanas, con cerca de seis meses de protestas sociales, ha adquirido una mayor intensidad y le acompaña una sensación de que las partes se vuelven intransigentes, al menos así es como se presenta en la prensa.
Una señal de esto, para algunos fue la irrupción de miembros del profesorado, alumnos y apoderados en el ex Congreso Nacional donde sesionaba una comisión que se dedicaba a revisar el presupuesto para educación del próximo año.
Está acción fue duramente condenada y se la consideró como una afrenta a la democracia, pues se supone que dicha institución no se puede interrumpir toda vez que es el lugar donde reina el debate, donde se discuten los intereses del país de forma civilizada. En este sentido, se entiende que los ciudadanos si bien son "los dueños" de las instituciones, precisamente las crean para no resolver las cosas por la fuerza, sino que por los "conductos regulares" y deben esperar a que las "instituciones funcionen". La pregunta clave es ¿cuándo las instituciones funcionan en una democracia? ¿cuándo dejan de funcionar? ¿cuándo se agotan los conductos regulares?
Me parece que dichas preguntas son especialmente relevantes en el Chile actual. Solo considerando mis años de estudio en al universidad durante casi toda la década anterior, recuerdo decenas de ocasiones en que estudiantes, rectores, el Senado Universitario y académicos han presentado los problemas de la educación y la necesidad de implementar los puntos que hoy está defendiendo el movimiento estudiantil. Fueron muchas las cartas a la Moneda, al Ministerio de Educación, a congresistas, a El Mercurio, los seminarios, etc. en que estas cuestiones se hicieron públicas y procuraron cambiar la legislación.
Pero la clase política prácticamente no ha reaccionado ante esto.
Será porque no se ha respetado el conducto regular, pero ¿cuál es el conducto regular? en Chile casi no existen procedimientos por medio de los cuales la ciudadanía pueda influir en la formación de las decisiones que repercuten en la vida de todos.
Después de años de reflexión y búsqueda de establecer diálogos (un "nuevo trato") con la clase política en el tema educativo y ante la nula respuesta, no es de extrañar que la gente se tome las calles, concretice la idea de que el espacio público es precisamente, una cosa de todos. Esto tuvo una primera manifestación con el surgimiento de los pingüinos, lo sucedido ahora es algo así como una segunda ola, con mayor fuerza, que se pudo evitar si es que la clase política fuera reactiva a lo que sucede en la ciudadanía.
Entonces, ¿Qué se debe hacer cuando no hay reacción por parte de los gobernantes?
Esto se relaciona con el planteamiento del gobierno de que no permitirá que gobiernen (esto es, que determinen las decisiones políticas) ciertos grupos que se dedican a paralizar la ciudad.
Si bien es evidente que no cualquier manifestación de un grupo debe implicar el cambio de las políticas públicas, me parece que hay razones más que suficientes para, por una parte, irrumpir en sesiones del Congreso y, por otra, gobernar con los manifestantes.
Una primera razón es que se trata de grupos de personas que han estado excluidos de la toma de decisiones que afectan sus vidas a pesar de sus intentos por participar. Esta es tal vez la mayor afrenta que se le puede hacer a la democracia (y se hace indispensable un cambio institucional en términos de democratización de las instituciones chilenas).
Una segunda razón está en que es claro actualmente que el movimiento estudiantil representa el pensar y sentir de una gran mayoría de quienes viven en el país. Así se ha mostrado en la gran convocatoria de las marchas, las encuestas, etc. La cosa es que a pesar de ser una gran mayoría y de llevar varios meses movilizándose, aún no hay reacción de la clase política. Cuando se propuso hacer una mesa de dialogo (momento en que la tensión bajó), previamente se presentaron proyectos de ley sobre las materias que se supone se iban a discutir y,además, se propuso una ley que busca criminalizar a la protesta. Cuál es el sentido de sentarse a conversar cuando esa conversación no tendrá ningún efecto y si se desea manifestarse en contra de ello, se perderá la libertad.
Es una cuestión de qué significa gobernar en democracia.
¿Debe un gobierno democrático gobernar con los ciudadanos o una vez elegido un gobernante ya no debe considerar lo que pasa en la comunidad? Si la respuesta es que debe ser receptivo, ¿A quién hay que escuchar? ¿a la mayoría numérica? (en contra de legislar solo con grupos de interés) o ¿a una minoría excluída? (para no caer en la.  tiranía de la mayoría). En ambos casos la respuesta positiva implica escuchar al movimiento social actual.
Como esto no ocurre, una señal de indignación clara es irrumpir ante el Congreso, el cual, al parecer, no está cumpliendo sus funciones. Entonces ¿El exigir que la clase política cumpla su función en democracia (reconocer que los ciudadanos son sus dueños) se puede transigir? ¿los cuatro puntos que representan una propuesta para discutir sobre el país y atacar los grandes problemas de injusticia que tiene el país, se pueden transigir?

febrero 14, 2011

Comunicación y Responsabilidad


Este panfleto me lo dieron hace unas semanas cuando estaba caminando por Plaza de Armas y recién ahora lo subo, cuando por el dramatismo de la situación ésta ya se ha hecho pública.

De todas formas me llamó la atención de que se refiere a y refleja ciertas cuestiones que han estado presentes en el último año en el país, relativas al problema de la incomunicación en el ámbito público, en lo que se denomina “política”.

Porque gran cantidad de manifestaciones sociales que se han dado en los últimos meses (piénsese en Rapa Nui, Magallanes, los paros de Farmacias Ahumada y en los empleados fiscales, entre tantos) no han sido considerados o muy minimamente por la prensa (mejor dicho, su gran gran mayoría, vinculada a dos grupos de poder específicos). A esto se suma una serie de cosas que perfectamente podrían ser considerados como escándalos de corrupción (por ejemplo la forma en que grandes empresas se han adjudicado importantes proyectos de reconstrucción sin concursos o la gran cantidad de familiares o de personas con intereses comprometidos que se han accedido a diversos cargos públicos, entre otras cuestiones) y que también han brillado por su ausencia.

Así, el espacio público se reduce a la información que unos pocos quieren dar.

La cuestión es importante porque la posibilidad de acceder fácilmente a dicha información permite hacerse juicios informados sobre quienes nos gobiernan: nos permite saber quienes son, cuáles son sus intereses, cuáles son los alegatos que tienen contra ellos otros actores sociales (pobladores, trabajadores, etc.), entre otra cuestiones. Esto se relaciona con la idea de responsabilidad, pues la información y el dialogo permiten saber qué es lo que piensa el otro (qué intereses defenderá, cómo reacciona ante ciertas situaciones de relevancia política, etc.) y le obliga a hacerse cargo de sus decisiones, de su historia, lo mismo que a nosotros.

El secretismo (esconder o tergiversar información) y la negación a conversar (no negociar con manifestantes, por ejemplo) sobre cuestiones políticamente relevantes tienden a hacer mal a una comunidad que pretende ser gobernada democráticamente, la cuál requiere de un espacio público donde se discutan las cuestiones (con presencia de los diferentes puntos de vista, así como los descontentos presentes en la comunidad), que sea relevante en la toma de decisiones y donde se sepa que se es responsable por lo que se hace al respecto. El secretismo solo trae una mala calidad de política y ayuda al aumento de la corrupción.

diciembre 17, 2010

Venezuela

Copio un mail envíado por Mercedes de Freitas de TI Venezuela.:

Queridos amigos les escribo en este momento para contarles lo que estamos pasando. En este momento estoy furiosa.
Estabamos un grupo pequeño de representantes de organizaciones de la sociedad civil en la puerta de la Asamblea Nacional, llevando una carta, declarando a medios y con 3 diputados actuales, cuando cmenzó la agresión. Nos tiraron un cono que hirio a Carlos Correa, director de Espacio Público y compañero de la Coalición Proacceso. Cuando bajaba a buscar hielo en una cafeteria de la esquina le amenazaron de muerte. Les anexo la foto.
No he tenido tiempo de hacer un informe detallado sobre la situación de la última semana, pero les adelanto que la Asamblea Nacional, (cuyo mandato termina este mes, y el 5 de enero asumen los nuevos diputados electos el 26 de septiembre), por orden del presidente de la Republica estan trabajando día y noche para aprobar un conjunto de leyes que liquidaran la democracia que nos queda, pues entre otras:
1. elimina la descentralización al quitarle todas las competencias a alcaldias y gobernaciones
2. bloquea el acceso a fondos internacionlaes de las ONGs, gremios, camaras, iglesias y universidades
3. sanciona la crítica
4. impide el voto de conciencia de los diputados
5. crea poderes paralelos que dependen de la presidencia de la republica (comunas)
6.lo más grave, aprobaran una Ley habilitante, que le dará al presidnete Chavez la potestad de gobernar por decreto durante 12 a 18 meses en todas las materias, incluso en leyes organicas, dejando a la próxima asamblea sin posibilidad de legislar. A todas luces esto constituye un acto que va más alla de las competencias de la actual asamblea, que no está hablitada para habilitar al presidente por un periodio superior al suyo (que termina máximo el 4 de enero).

Les copio aqui una de las nota de prensa que comenta una de estas leyes y que explica algunas de las limitaciones a las ONG. También les envio pero anexo, la copia de ese proyecto de ley y el listado de leyes que se estan discutiendo con desesperaciones estos días.
Todo lo que puedan hacer para difundir esta información será importante para nosotros.

Besos
Merchy

EL NACIONAL - MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2010NACIÓN/2

Nación
Multarán a ONG por críticas de extranjeros
EDGAR LÓPEZ

Con la prohibición de recibir financiamiento extranjero, establecida en el proyecto de ley para la protección de la libertad política y autodeterminación nacional, las organizaciones no gubernamentales venezolanas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos quedan en riesgo de extinción.
Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, de modo que las restricciones que se pretenden imponer en materia de derechos políticos inciden negativamente en el ejercicio de todos los derechos y libertades establecidos en la Constitución.
Un ejemplo. El derecho a la manifestación, definido como derecho político en el artículo 68 de la Constitución, está vinculado a la exigencia de otros derechos, principalmente los sociales: vivienda, salud, educación. Además, los excesos en la represión o la persecución penal de los que expresan su descontento también violan el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso, entre otros.
Las principales organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas las 50 que integran la red Sinergia y las 18 que del Foro por la Vida, quedarían comprometidas.
La propuesta de ley establece multas equivalentes al doble del monto recibido, "sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes", se acota. Con ello se recuerda que, en la práctica, fiscales y jueces han comparado la recepción de fondos del exterior con el delito de traición a la patria.
La Asamblea Nacional ha aprovechado la oportunidad para ratificar los delitos de desacato. En el artículo 8 del proyecto se establece que los representantes de las organizaciones de defensa de derechos políticos serán sancionados con multas de hasta 10.000 unidades tributarias (650.000 bolívares) si invitan a Venezuela a algún extranjero que emita expresiones que se consideren ofensivas a las instituciones y funcionarios del Gobierno. Y el extranjero en cuestión sería expulsado del país.
Los partidos y, en general las organizaciones con fines políticos, tampoco podrían recibir financiamiento externo, so pena de recibir sanciones similares.


Adjunto un link de la noticia en BBC

junio 09, 2010

El Mall y los Vecinos

Sin dudas, la democracia es algo muy popular en la actualidad, todos la incluyen como uno de sus ideales dentro de los discursos políticos. Pero, a su vez, qué significa su puesta en práctica es objeto de debates, existiendo muy pocos acuerdos al respecto.

De todas formas, podemos afirmar pacíficamente que la democracia implica la idea de que las personas que se ven afectadas por una decisión de carácter pública, puedan tener acceso al proceso en que se toma esa decisión. En este sentido, la democracia se considera como una forma de gobierno participativa y gran cantidad de autores señalan que la lógica democrática implica la inclusión de la mayor cantidad de agentes, y de la forma más directa posible, en la toma de decisión. Esto es así porque la democracia, a diferencia de la oligarquía, supone que todos gobiernan y no un grupo, por lo que se debe tender a la igualdad entre estos “todos” dentro de lo público y combatir el que solo algunos tomen las decisiones.

La formula más común para consagrar estas ideas ha sido la conocida como “una persona, un voto”, la cuál implica, por una parte, que todos los que intervengan van a contar por igual y, por otra, que un mecanismo imparcial universal va a asegurar un resultado democrático.

Pero esta formula es bastante limitada. Si consideramos cómo se producen hoy en día, en un mundo glocalizado, la toma de decisiones, nos damos cuenta que sus supuestos son ampliamente superados. Quiero revisar esto en relación a lo sucedido en la comuna de las Condes donde el holding CENCOSUD deseaba instalar un centro comercial y se encontró con la oposición de los vecinos.

En este caso, CENCOSUD iba a actuar como usualmente lo hacen las grandes empresas (muchas veces extranjeras) en estos casos: a través de llegar a acuerdos con las municipalidades (en los que usualmente hay mucho dinero de por medio, factor que muchas veces atenta contra la imparcialidad de las autoridades). En este caso, la instalación del centro comercial en un barrio residencial implicaba un cambio relevante en al calidad de vida de los habitantes del sector, por lo que la decisión les afectaba directamente.

Si revisamos la situación, vemos que la persona que negocia por CENCOSUD representa a un pequeño grupo de individuos, más específicamente a los intereses comerciales de estos individuos, los cuales pasan a tener un peso mayor que los mismos habitantes del lugar que no tienen una voz directa en la cuestión (solo indirecta a través del alcalde y los concejales). En estas circunstancias es difícil entender que todos los afectados participan por igual en la toma de decisión presentándose una gran asimetría, pues ¿cómo un individuo va a enfrentar sus intereses a los de una empresa gigante? ¿cuál es su valor?.

Ante este actuar habitual, los vecinos se presentan como sujetos que es necesario escuchar y crean un movimiento político que busca participar en la toma de decisión de forma directa. Este paso implica la aparición de la igualdad y de la democracia dentro del proceso. Dentro de esto, sus actuaciones llevaron al alcalde a realizar una consulta ciudadana, donde los afectados por la situación votaran por la aprobación del proyecto, incluyéndolos de manera cierta en la decisión. Esto derivo en que la decisión final (no llevar a cabo el proyecto) gozará de cierta legitimidad democrática y que los afectados pudiesen enfrentarse como iguales ante la empresa privada que para llevar a cabo su iniciativa particular, podría pasar a llevar bienes públicos. Similar caso ocurrió con la instauración de estatuas en lugares públicos (especificamente las de Jaime Guzmán y de Juan Pablo II en el sector de Plaza Italia), donde privados buscaban apropiarse de lugares públicos.

Ver la noticia aquí (Foto: La tercera)